No reducen inseguridad

Política

Para salvar al ministro Béliz, se alejó al eficaz fiscal Jorge Sica. Admite el gobierno al sacarlo que Sica resolvió bien 80% de los casos extorsivos que tuvo. No tener presupuesto se usó de excusa para cerrar su fiscalía. Béliz demoró datos a Sica del caso Blumberg para resolverlo sólo con la Federal. Fracasó y agravó el final del joven Axel. El gobierno nacional, también el bonaerense y el Congreso no toman en serio exigencia de la sociedad sobre más seguridad. Priorizan sus juegos políticos hacia Béliz o Arslanian, pero no los reclamos de Blumberg. No avanzan hacia una ley más justa, sino hacia un «foro arslaniano» no constitucional. En Morón, casi 8.000 personas marcharon contra malos fiscales que siguen en el cargo. Ellos sí tienen presupuesto. Penoso.

El fiscal antisecuestros de San Isidro, Jorge Sica, decidió anoche no apelar la decisión de la Procuración General de la Nación (oficina de la que dependen los fiscales federales), de disolver la Fiscalía que funciona en esa localidad bonaerense y retirarlos a él y al procurador Pablo Quiroga a sus anteriores funciones en la Cámara Penal del partido de San Martín.

La decisión se conoció el sábado con la firma del procurador general interino, Luis González Walcarde, quien justificó la medida en dos razones increíbles: la falta de fondos para mantener esa fiscalía, y que la creación de la misma había sido determinada por el anterior procurador, Nicolás Becerra, respondiendo «a un antendible requerimiento social de lograr mayor eficacia en la dirección de los órganos de investigación».

Lo que no consigna la decisión de González Walcarde es el contexto de esa resolución que dice en sus considerandos que en esa fiscalía de Sica llegó a resolver 80% de los secuestros que debió investigar desde su creación en noviembre pasado. «No se desconocen, y por el contrario se encomian, los esfuerzos de los responsables de la Unidad Fiscal coadyuvante, en los aproximadamente ciento cincuenta casos de secuestros en los que intervinieron en forma directa, al lograr el esclarecimiento en más de 80% de los sucesos.»

• Escalofriante

Ese argumento, que debió servir para un premio, es usado aquí para un castigo y para lanzar un mensaje escalofriante al público y a los criminales: si un fiscal logra esclarecer 80% de los delitos, será desplazado del cargo y sancionado con el corte de su carrera -en el caso de Sica hacia un juzgado federal al que postula y que ahora se verá seguramente frustrado.

Lo que tampoco consigna la resolución es el cuadro político tremebundo que enmarca la decisión y que abre interrogantes que el poder político debe resolver so riesgo de que las autoridades sean protagonistas de un escándalo, algo que roza a un
Gustavo Béliz cuya renuncia debió desmentir ayer el propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández:

El desplazamiento de Sica ha sido pedido directamente por el ministro Béliz hace dos semanas e incluye una demanda judicial por tormentos en el grado de amenaza presuntamente hecha ante los familiares del asesinado joven
Axel Blumberg. De eso no dice una palabra la resolución de González Walcarde, que encabeza una procuración que según algunas interpretaciones es un extrapoder, es decir independiente de las tres ramas del Estado (Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial). González Walcarde debió proteger los fueros de los fiscales ante esa amenaza que lanzó Béliz, propia de la era anterior a la reforma constitucional de 1994, cuando los fiscales eran funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia.

Este diario ya informó de qué se quiso proteger Béliz al reclamar el apartamiento de Sica, promovido desde el dolor del padre de una víctima de un crimen ominoso como es el secuestro.
Juan Carlos Blumberg atacó a Sica desde que se produjo la muerte de su hijo Axel por haber interrumpido agentes de policía y del la SIDE un intento de pago de rescate. Ese incidente de interceptar al presunto cobrador del secuestro movilizado en un Passat blindado en la bajada de la Panamericana a Tortuguitas, ocurriría horas antes del asesinato en Moreno de Axel, según confesión de sus victimarios en represión de un intento de fuga y reconocimiento de rostros. El dolor de Blumberg se volvió a expresar anoche en favor del desplazamiento de Sica.

Pero lo que habría movido a Béliz es su aparición en escuchas telefónicas recogidas en el expediente del secuestro Blumberg conversando con oficiales de la Policía Federal que fueron desplazados de sus puestos por mantener una presunta relación con ladrones de autos que tendrían, como el mencionado
Jorge Sagorsky, información sobre delitos mucho más graves, como los de secuestro extorsivo seguido de muerte. No es que Béliz participase de ninguna complicidad pero, ¿cómo impactará en la opinión pública y en la conciencia de ese poderoso vocero contra la impunidad que es Juan Carlos Blumberg conocer el detalle de esas conversaciones que revelan a un ministro de Justicia dialogando en su despacho con oficiales de la Policía sospechados por el propio Sica sobre detalles de secuestros?

Una de esas conversaciones, cuyos detalles se publican aparte, habría ocurrido 24 horas antes de la histórica marcha de 300 mil personas sobre la Plaza de Mayo convocada por Blumberg. En la noche del 30 al 31 de marzo habría tenido lugar en el propio despacho del ministro Béliz, acompañado por sus subsecretarios Ignacio Rodríguez Varela y Ricardo Irigaray, además del jefe de Policía Eduardo Prados e intervendría el subcomisario Daniel Graviña. Al salir, ese policía le informa a su «control» (jefe superior) que Béliz le reprocha haber retenido información a Sica sobre el secuestro de Axel. «Podés tener quilombos, podés terminar detenido», sería el lenguaje usado por el habitualmente pulcro Béliz. «No vaya a ser cosa que el fiscal de provincia -es decir Sica-ordene la detención suya, me dice (Béliz), así que adelantémonos y presentemos una nota paso a paso mía y de Schiantino (sic, por Schettino, el jefe de la brigada antisecuestros ahora detenido por orden de Sica) juntos para elevarla mañana a primera hora a la Fiscalía

Las responsabilidades las decidirá la Justicia, pero un ministro que aparezca en esos presuntos diálogos seguramente sería forzado a dar explicaciones por actos que a otros les cuestan destitución o detención, como ocurrió con -hasta ahora-tres comisarios -a uno de ellos, el propio Graviña, le fue dictada la «falta
de mérito en el caso»-. Con el relevo de Sica en San Isidro no quedará nadie para apelar esta medida del juez Conrado Bergesio y nadie revisará con ojos suspicaces esas desgrabaciones que están en el expediente Blumberg. Menos la fiscal Rita Molina, considerada más cercana a la posición de Béliz en este expediente, que es no hacer intervenir a la Policía hasta que no se haya pagado un secuestro y cumplir con la consigna de «privilegiar la vida» de la víctima. El ex ministro de Seguridad de Buenos Aires Juan Pablo Cafiero fue quien impuso ese criterio hasta que el año pasado fue reemplazado por el eficiente Juan José Alvarez, que pensó siempre lo contrario, como lo pensaron los fiscales Jorge Sica, Pablo Quiroga y otros funcionarios como Raúl Plee. Esta segunda posición sostiene que si se espera a que el delito se haya consumado, el secuestrador sabe que puede actuar sin que nadie lo vigile. Una vez pagado el rescate, el secuestrador ya está sobre otra víctima beneficiándose del criterio de no intervención. Por eso, afirman los fiscales, nunca se ha podido recuperar un solo peso pagado en los dos últimos años en concepto de rescates. Ante la comprensible queja de un Blumberg que afirma que la vida de un hijo no tiene precio, los fiscales sólo pueden responder con un ejemplo gráfico pero fútil ante la muerte de una sola persona: hasta la muerte de Axel en 2004, desde el secuestro y muerte, en 1972, de Oberdán Sallustro (presidente de Fiat) en manos del ERP, nunca se produjo una muerte de secuestrado en el intento de su rescate por la Policía.

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