No se debe protestar ahora sino cuando ya contaminen. Poco serio

Política

La Corte Internacional de La Haya está exactamente a 1.551 kilómetros de la sede de la fabricante de pasta celulosa finlandesa Botnia. Es un estrado internacional respetable, pero menos creíble en su imparcialidad cuando están en juego los intereses de países europeos confrontados con los países del Sur, del subdesarrollo, sean africanos o latinoamericanos. Por caso, no van a contradecir la tendencia de las grandes naciones de Europa de enviar las " industrias sucias" (contaminantes del medio ambiente, peligrosas para la salud humana y hasta los residuos nucleares) hacia países de menor desarrollo. El fallo se refiere a la instalación de papeleras -probadamente contaminantes en la misma Europa- en Fray Bentos, Uruguay, y es grave porque Botnia, subrepticiamente y operando sobre el Partido Colorado del vecino país -y también sobre determinada prensa argentina coimeada- se sumó a la española ENCE en el mismo lugar y constituyó un foco de dos papeleras juntas con el propósito de llegar a producir dos millones de toneladas anuales y está probado que eso afectará la salud humana de los uruguayos (las plantas están a 12 kilómetros de ciudades como Fray Bentos) y de argentinos litoraleños (están a 30 kilómetros de Gualeguaychú). Tal desprecio tiene Botnia sobre Sudamérica que ni siquiera analizó producir pasta para elaborar papeles blancos separada de ENCE cuando el riesgo disminuía enormemente. El fallo de La Haya se lava las manos, lo cual favorece el statu quo europeo. Dice el tribunal que ahora "la amenaza de contaminación del medio acuático (río Uruguay) no es inminente". Es más que obvio que ahora, cuando se están construyendo, las plantas -en base a cal, cemento, arena, ladrillo y hierros- no producen todavía lo esencial, no dan riesgo inminente. Sí desde agosto del año que viene y del mismo mes de 2008. "La decisión final está pendiente", dice el escurridizo fallo. Para mantener las formas y salvar su honor hace una advertencia "para proteger el medio ambiente" y advierte a Uruguay que es de su responsabilidad permitir que siga la construcción de las plantas. Esto es grave para el vecino país en su futuro porque si se prueba con análisis del aire que hay contaminación tendrá la responsabilidad de haber seguido avanzando con el proyecto hasta provocarla. ¿Qué ocurrirá entonces? Que países apenas en desarrollo, como Uruguay, tendrán que indemnizar algún día a Botnia y a ENCE porque un tribunal internacional les adjudicó la responsabilidad de seguir con estas peligrosas plantas. Y si deben suspender alguna vez la producción, por el desastre ambiental que provocaron, no será culpa de ellas sino del Uruguay que las autorizó. Mientras tanto, habrán despoblado de eucaliptus la zona por ser su materia prima y ya habrán recuperado la inversión. Botnia jamás usó eucaliptus en Europa sino coníferas que varió en Uruguay por la oportunidad de pegarse a ENCE y producir a menor costo. Tanto ahorró en gastos que tuvo una huelga durante semanas del personal uruguayo. Este fallo, que indica a los argentinos algo así como: "Protesten cuando el asma, las dificultades respiratorias, el incremento de cánceres ya esté avanzado", en definitiva, es absurdo y prueba influencia de las empresas europeas. La Argentina y Uruguay verán trabada permanentemente su normal relación, aunque no se llegue a extremos de cortes de rutas, y habrán derivado un grave problema hacia adelante que quizá se estire por décadas.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazó ayer la medida cautelar presentada por la Argentina tendiente a que se paralicen las obras que realizan las compañías de celulosa Botnia y ENCE en la ciudad de Fray Bentos, aunque el tribunal dejó en claro que Uruguay es responsable de evitar la contaminación del río Uruguay (ver vinculada).

«La Argentina no persuadió a la Corte de que la construcción de las plantas presentará un daño irreparable al medio ambiente y tampoco demostró que la construcción sea una amenaza actual de daños irreparables económicos y sociales», fundamentó la presidenta del Tribunal, la baronesa inglesa Rosalyn Higgins, que tal como se esperaba dejó en claro que ese organismo es reticente a dictar medidas cautelares.

El fallo , sin embargo, reconoce la validez de los argumentos de la Argentina.

En el párrafo número 78 del escrito se indica que en cuanto al «procedimiento de autorización y construcción de las plantas, Uruguay necesariamente asume todos los riesgos» relativos a las decisiones que la Corte pueda tomar en el futuro sobre la cuestión de fondo.

Además, la Corte señaló allí que la construcción de las plantas en su emplazamiento actual no puede crear un «hecho consumado».

En ese párrafo, el Tribunal de La Haya citó además un pasaje de un fallo de 1991 en un caso que involucró a Finlandia contra Dinamarca, en el que se indicó que «si se estableciera que la construcción de los trabajos implica una violación al derecho internacional no se puede ni se debe excluir la posibilidad a priori de una decisión judicial en el sentido que tales trabajos deban ser suspendidos, modificados o desmantelados».

Ese pasaje del fallo deja abierta la posibilidad a que el Tribunal adopte hacia el final del juicio medidas sobre las plantas de celulosa.

  • Advertencia

    Incluso, la secretaria Romina Picolotti se basó en ese pasaje para advertirles a «los bancos» que financian las obras que no se trata de una «inversión segura».

    La decisión de la Corte es vinculante para ambos países, aunque no puede imponer su resolución por la fuerza, pero la no aceptación de sus medidas implica quedar fuera del sistema internacional.

    Con decepción, pero con tranquilidad, los representantes argentinos que llegaron el miércoles a los Países Bajos conocieron el fallo -inapelable pero que deja abierta la instancia para la presentación de nuevas medidas cautelares- quitándole dramatismo a la situación por este rechazo que nada cambia en la cuestión de fondo de este caso, que es la denuncia por la sistemática violación por parte del gobierno oriental del Tratado del Río Uruguay suscripto en 1975.

    Con una advertencia acerca de la necesidad de proteger el medio ambiente para el gobierno uruguayo, pero destacando que la Argentina no logró convencer a la Corte de que las papeleras producen o lo harán en un futuro inmediato daños irreparables, la Corte rechazó el pedido cautelar.

    En cuanto a la votación en la Corte de La Haya, 14 fueron los jueces que denegaron el pedido argentino de frenar provisoriamente la construcción de las dos papeleras, mientras que el único voto a favor vino de uno de los dos miembros ad hoc del Tribunal, el argentino Raúl Vinuesa (ver vinculada).

    Pese al fallo el conflicto por las papeleras continúa porque la Argentina aspira a que se declare la responsabilidad internacional de Uruguay por violar el estatuto firmado por ambas naciones para preservar el río. No obstante, estas sentencias suelen demorar varios años antes de conocerse.

    «El no de la Corte no es definitivo» porque deja en claro que «de presentar la Argentina nuevas pruebas y de comprobarse que las plantas contaminan el río el Tribunal puede ordenar el desmantelamiento de las obras», estimó la embajadora Susana Ruiz Cerrutti, quien encabezó la delegación argentina.

    «Preferíamos que la suspensión de las obras fuera declarada hoy pero nos llevamos la garantía de que podemos presentar nuevas pruebas y de saber que la Corte estaría dispuesta a ordenar el desmantelamiento de las obras», agregó la titular del área legal de la Cancillería argentina.

    Las mayores esperanzas del gobierno radicaban en la posibilidad de que los jueces al menos dispusieran una medida provisional distinta, como un estudio de impacto ambiental más completo que el que presentó Uruguay o una suspensión de las obras más breve que la que solicitó la Argentina.

    Eso no ocurrió, y con la construcción de las plantas sin impedimentos tendrá que seguir el camino judicial en La Haya.

    Los gobiernos de la Argentina y Uruguay fueron convocados por el Tribunal para las 10 (5, hora argentina) para la lectura del fallo, que se llevo a cabo en el Gran Salón del Palais de la Paix, que la Corte Internacional de Justicia posee en la ciudad holandesa de La Haya, donde también se encuentran otros organismos judiciales de Naciones Unidas.

    Pocos minutos antes de las 10 en el solemne ámbito del Gran Salón bajo sus imponentes arañas y vitreaux un efusivo abrazo entre los responsables de las dos delegaciones, la argentina Cerrutti y el uruguayo Héctor Gross Espiell, sirvió para descomprimir el tenso clima del recinto.

    Puntualmente dio comienzo la lectura del anuncio, que durante 65 minutos la presidenta del Tribunal, la británica Rosalyn Higgins, se encargó de leer en inglés los 90 párrafos ante 150 personas, de los cuales 120 eran estudiantes de Derecho o becarios de la Corte.

    Luego de que la presidenta anunciara en inglés y en francés el fallo del Tribunal la comitiva uruguaya celebró moderadamente entre abrazos.

    «Esperaba que el dictamen nos fuera favorable porque confiaba en la Justicia», dijo el uruguayo Gross Espiell.

  • Examen conjunto

    Una hora después de conocida la resolución de la Corte, los representantes de los dos países se reunieron con la baronesa Higgins para examinar en conjunto la disposición del Tribunal y fijar fecha para las presentaciones de Memoria y Contramemoria, de la causa que sigue.

    La representación argentina en La Haya estuvo conformada por la titular del área legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Susana Ruiz Cerrutti, y el director del Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería, Horacio Basabe.

    Mientras que en la capital holandesa se sumaron el embajador argentino en ese país, Santos Goñi Marenco, y los abogados Marcelo Kohen y Alain Pellet.

    En tanto que la delegación de Uruguay estuvo encabezada por el ex canciller y actual embajador en Francia, Héctor Gross Espiell, quien fue acompañado por Carlos Gianella, un asesor técnico de los Estados Unidos, y dos ingenieros uruguayos.
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