Jorge Remes viajará mañana a Washington para comenzar las negociaciones por un auxilio financiero externo. Tiene pensado resolver incógnitas sobre el presupuesto nacional y el plan monetario del gobierno. Sin embargo, debería prepararse también para otro tipo de interrogantes. Eduardo Duhalde acaba de desatar uno de los últimos «paquetes» que quedaban ajustados en la Argentina, la Constitución nacional, a la que quiere someter a un proceso de renovación. Pretende que los constituyentes sean seleccionados en la próxima elección presidencial, que sería anterior al 14 de setiembre del año que viene. La motivación más evidente para hacerlo es la necesidad de producir un ajuste en la burocracia política, que tiene en la Argentina dimensiones colosales si se la compara con cualquier otro país más o menos moderno. Pero, desde que Duhalde comenzó a hablar de la reforma constitucional, se abrió una sospecha fundada: que esta vez el cambio, a diferencia de lo ocurrido en 1994, invadirá también la parte dogmática de la Constitución, es decir, la que regula los derechos y garantías y establece los grandes lineamientos de la vida económica del país.
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El impulso que le dio el presidente designado a esta pretensión termina de componer un telón de fondo poco propicio para los movimientos de Remes en el exterior: el titular del Palacio de Hacienda viaja mientras la Corte está sometida a juicio político, los derechos de propiedad se dañaron con la Ley de Quiebras, el régimen de comercio exterior está afectado por las restricciones al giro de divisas y, a falta de incertidumbres, también la Carta Magna se vuelve inestable. Si hasta del mismo Remes cabe dudar: es ministro, pero sin haber renunciado al cargo de diputado nacional, lo mismo que su secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, quien promete volver a la Cámara en pocos días. Resulta tentador pensar que hoy en la Argentina la única institución inconmovible es, finalmente, el «corralito».
La reforma constitucional que piensa Duhalde tiene más de una motivación, pero en casi todas se nota la mano de los radicales. Para el hombre de Lomas, como para sus socios de la UCR -Leopoldo Moreau, Raúl Alfonsín, Federico Storani-, se trata del capítulo principal de esa «segunda república» que dicen estar fundando. Si se sigue la retórica de Duhalde y de Moreau, el cambio de reglas de juego de la economía es un rasgo esencial del nuevo modelo. En eso se justifica la sospecha de que esta vez la clase política no se inhibirá ante las cláusulas dogmáticas de la Carta Magna. En 1993, el Pacto de Olivos se había circunscrito a aspectos instrumentales del articulado constitucional, algo que Alfonsín y los radicales aceptaron sólo a regañandientes. Sin embargo, en esta oportunidad, esa valla no resistirá fácilmente, sino que se tratará de llevar a la ley suprema el temperamento intervencionista del gobierno y sus aliados. Bastaría recordar la orientación que le dio el mismo bloque de dirigentes (cafieristas y alfonsinistas bonaerenses) al intento de reforma que se llevó adelante en la provincia en 1990 y que quedó sepultado bajo el plebiscito de aquel año.
Duhalde, Moreau, Storani, Alfonsín, Juan Pablo Cafiero, Nilda Garré y la segunda línea oficial de José María Díaz Bancalari, Lorenzo Pepe o Hugo Curto, ¿evitarán consagrar el carácter social de la propiedad para agradar a monseñor Osvaldo Musto? ¿Cómo refrenarán el impulso de introducir algún inciso sobre la deuda pública? ¿Por qué no harían un «retoque» para garantizar la estabilidad laboral o una «jubilación digna» prohibiendo la gestión privada del sistema previsional? Todas estas innovaciones se presentarán como «moderadas» frente a experiencias como la brasileña, en cuya constitución se quiso fijar el precio del pan. Pero no caben dudas de que, después de pasar por manos bonaerenses, el actual artículo 14 bis de la Constitución será recordado como una joya del pensamiento de Friedrich von Hayek.
¿Está desde ahora condenada la Constitución a esta orientación en su reforma? No necesariamente, porque la modificación debe llevarla adelante una Asamblea Constituyente en la cual puede haber una mayoría no estatista, encabezada por expresiones del PJ más cercanas a Carlos Reutemann, José Manuel de la Sota o Juan Carlos Romero. Pero ese desenlace no está hoy a la vista y eso es lo que afecta a Remes: cualquier decisión de inversión en la Argentina podría suspenderse hasta tanto se despeje esa incógnita.
• "Parlamentarismo"
El otro objetivo que pretende satisfacer la empresa a la que convocó Duhalde es de autopreservación de la clase política. La clave para advertir esta aspiración hay que buscarla en el «parlamentarismo». La idea de un Ejecutivo de «dos pisos», en el cual exista una instancia presidencial -encargada de temas «de Estado», como las relaciones exteriores y la defensa- y otra ministerial, de la que sería responsable el Parlamento, siempre fascinó a los radicales. Pero ahora tienen una razón más para admirarla: si el sistema se articula con un régimen electoral astuto, se podría conseguir que las amenazas que se ciernen sobre la dirigencia política clásica (se llamen Carrió, Macri o López Murphy) sean derivadas a la Presidencia y que el gabinete quede en manos de los partidos tradicionales con base en el Congreso. Moreau es el padre de esta idea, capaz de que el club de dirigentes fundado en 1983 metabolice cualquier cambio sin colapsar.
No debe sorprender que este diseño provenga del actual gobierno. No sólo porque está formado por los máximos representantes del aparato partidario (el más notorio es Duhalde, quien predica la reforma política mientras convoca a «la plaza» a la clientela del PJ bonaerense, transportada en colectivos alquilados y estimulada con un par de billetes y un tetrabrik). También, porque es un gobierno cuasi parlamentario. Además de haber surgido de una Asamblea Legislativa, quienes lo integran son en su mayoría diputados sin ganas de dejar la banca. Tanto que anoche Duhalde dio la orden de renunciar a la diputación a Remes, pero también a Mario Das Neves (Aduana), José Pampuro (secretaría privada), Graciela Gianetassio (Educación), Carlos Soria (SIDE), Alfredo Atanasof (Trabajo), Daniel Scioli (Turismo), Jorge Capitanich (J. de Gabinete) y Lamberto (Hacienda).
Más allá de que las motivaciones de la reforma lanzada por Duhalde el viernes sean vidriosas e inquietantes, en la misma pretensión hay algo excesivo. El actual gobierno no parece haber sido designado para fundar ninguna república, tarea para la que sería más saludable obtener un mandato popular en las urnas. Aunque es cierto que el designio administrativo de una transición sea demasiado gris para el actual Presidente. Por eso imagina vías para su corrección. La última de ellas la propuso el viernes a sus íntimos. Consiste en adelantar las elecciones presidenciales de 2003 (fijadas para el 14 de abril) todavía más, desafiando inclusive el artículo 95 de la Constitución nacional que obliga a realizar esos comicios entre el 10 de octubre y el 10 de diciembre. La última idea de Duhalde es que el electorado se exprese al mismo tiempo por un nuevo presidente y por los constituyentes que deberán corregir la Carta Magna antes de que el nuevo mandatario asuma sus funciones.
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