Las conclusiones a las que arribe hoy la Comisión Permanente del Episcopado, en la elaboración de la agenda de la próxima reunión plenaria, se vieron teñidas ayer por un agravamiento del conflicto que enfrenta al obispo de San Luis, Jorge Lona, con el gobernador local, Alberto Rodríguez Saá. Tan grave como para que el gobierno nacional saliera a desmentir que se esté pensando en una intervención federal a la provincia. Por otra parte y atendiendo a sugerencias de los obispos -donde no estuvo ausente la controvertida propuesta de la jueza Carmen Argibay para un sillón en la Corte-, el jueves 25 de marzo, fecha en la que la Iglesia recuerda La Anunciación del Señor y del Niño por Nacer, habrá un rezo del Santo Rosario a partir de las 17 en la plaza Pizzurno, frente al Ministerio de Educación. Será una «oración por la vida naciente, la paz, la familia y la Argentina», con coros, solistas y bandas. Los Granaderos a Caballo acompañarán trasladando a la Virgen de Luján hasta el lugar.
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El obispo Lona exigió ayer al gobernador Rodríguez Saá, que diga «la verdad» sobre los últimos episodios que enfrentaron al gobierno local con la Iglesia. Para Lona, la convivencia entre ambos será posible si «se dice la verdad, sin nuevas afirmaciones erróneas y con hechos, no sólo con palabras». En un comunicado, el titular de la diócesis de San Luis criticó las objeciones que recibe la Iglesia para instalar una parroquia en la localidad de Punta, barrio satélite a la capital de la provincia construido por el hermano del actual gobernador, el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá. «No se puede creer que el señor gobernador recién ahora se entera de que se ha solicitado una parroquia católica para la ciudad de la Punta, y diga que él habría estado siempre dispuesto a aceptarlo. Siempre lo supo y nunca lo aceptó», lanzó el prelado. Además, el obispo criticó las denuncias que desde el gobierno puntano se lanzaron contra el padre Marcelo Carballo, quien fue desplazado de la Colonia Hogar, uno de los institutos de menores que estaban a cargo de la Iglesia.
«No se puede creer que el señor gobernador 'presume la inocencia' del padre Carballo, respetando sus derechos humanos. Sus ministros, su director de Derechos Humanos y el Diario de la República, que es su vocero, abiertamente han presumido su culpabilidad. ¿Pretende el señor gobernador que todos creamos que él no tiene nada que ver con lo que hacen esos funcionarios y ese periódico, que le responden de manera directa?», cuestionó Lona. Ayer volvieron a repetirse las marchas de pobladores en la provincia, agravando el enfrentamiento.
Mientras tanto y guardando la más absoluta reserva, los obispos que integran la Comisión Permanente de la CEA iniciaron ayer el diálogo interno destinado a analizar la marcha de la Iglesia y el escenario político nacional. Si bien se especulaba con la posibilidad de que los prelados emitieran hoy, cuando concluirá la reunión, un documento, el curso del debate que tuvo lugar ayer parece desestimar tal postura.
Los obispos se mostraron más proclives a ordenar la cuestión interna y trabajar sobre la convocatoria a la Asamblea Plenaria, que se desarrollará del 10 al 15 de mayo en la casa de ejercicios espirituales María Auxiliadora, en la localidad de San Miguel, en el noroeste del Gran Buenos Aires.
La Comisión Permanente, presidida por el arzobispo de Rosario, Eduardo Mirás, y secundada por el cardenal primado Jorge Bergoglio, se constituyó ayer en la sede del Episcopado, Suipacha 1034.
Se trata de la 137ª reunión, que tiene por objeto central analizar el rumbo que adoptará la Iglesia en los próximos meses.
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