Obvio: Uruguay niega peligro

Dos horas después de terminada la exposición argentina, a las 15 de Holanda, los representantes del Uruguay se sentaron frente a los miembros del tribunal y trataron de responder a los argumentos de su oponente basándose fundamentalmente en cuatro puntos:

Uruguay no violó el Estatuto del Río Uruguay firmado entre ambos países en 1975.

Dio información suficiente sobre los procesos de las papeleras.

No habría contaminación del río Uruguay y zonas aledañas.

La Argentina estuvo informada permanentemente de todos los pasos dados para radicar las empresas.

La delegación uruguaya, encabezada por el embajador en Francia, Héctor Gross Espiell, recalcó la disposición del gobierno de Tabaré Vázquez de realizar un monitoreo conjunto de ambas instalaciones.

«Uruguay tomó todas las medidas necesarias para que no haya contaminación y desea someter el funcionamiento futuro de estas fábricas a un proceso de control estricto para minimizar los riesgos», declaró el diplomático ante los 15 miembros de La Haya.

«Somos los primeros interesados en defender la calidad del agua del río Uruguay», aseguró Espiell y subrayó que hasta hoy no existe evidencia alguna de que el río se haya visto afectado por las plantas ni de que exista un riesgo en el futuro.

El embajador agregó que la inversión de 1.800 millones de dólares que implicará la construcción de estas dos papeleras es «esencial» para el país.

«Si las obras se suspenden, se atentaría de forma grave e injustificada al derecho de Uruguay de construir sobre su territorio fábricas modernas, absolutamente necesarias para su desarrollo económico y humano», dijo.

Por su parte el jurista Luigi Condorelli, también miembro de la delegación uruguaya, sostuvo que no hay «base jurídica» para la medida cautelar que demanda la Argentina y que sólo podría aplicarse si se alterara la calidad del agua, lo que no podría ocurrir antes de la puesta en marcha de las plantas.