Oficialismo avanza en sanción para proteger activos de los bancos centrales
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Por ese motivo, en el oficialismo sostienen que el plenario de las comisiones, que conducirán los titulares de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, y de Finanzas, Carlos Heller, emitirá un dictamen con un amplio respaldo a esta iniciativa de la mayoría de las bancadas políticas.
El proyecto que aspira a votar el oficialismo establece que "los Bancos Centrales extranjeros u otras autoridades monetarias extranjeras son inmunes a la jurisdicción de los Tribunales argentinos".
Solo estarán exceptuados de esa protección en caso de "consentimiento expreso a través de un tratado, contrato, acuerdo de arbitraje o mediante una declaración escrita posterior al inicio de una controversia judicial; por reconvención basada en la misma relación jurídica o cuando la demanda versare sobre una actividad ajena a sus funciones".
A lo largo del proyecto se fija que "los activos de un Banco Central Extranjero o una autoridad monetaria extranjera que sean utilizados para el normal desenvolvimiento de las actividades estaduales relativas a la ejecución de la política monetaria, gozan de inmunidad de jurisdicción" ante la Justicia argentina respecto de cualquier medida coercitiva que pudiera afectarlos.
Esta inmunidad "será aplicable en la misma medida en que los activos del Banco Central de la República Argentina gocen de inmunidad conforme la legislación del país al cual pertenece el Banco Central extranjero de que se trate".
Asimismo, se establece que las disposiciones de esta Ley serán instrumentadas a través de la suscripción de convenios bilaterales con las respectivas autoridades monetarias extranjeras.
En los fundamentos de la iniciativa, se menciona "la experiencia del propio Banco Central de la República Argentina que en los últimos años se vio expuesto a desafíos judiciales en tribunales de diversas jurisdicciones".
Además, se argumentó que la protección a los activos de los bancos centrales extranjeros cuando son invertidos en otro país tiene su fundamento en "la conveniencia de preservar la capacidad de un país de poder manejar libremente su política monetaria y cambiaria".
También el gobierno argumentó que "la incorporación de la defensa de la inmunidad de jurisdicción y ejecución con relación a los Bancos Centrales extranjeros y a sus activos pretende poner a nuestro país a la vanguardia de las legislaciones sobre la materia, permitiendo que sea considerado como plaza de inversión por otros Bancos Centrales".




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