Oficialismo defenderá los decretos secretos en la Cámara baja

El oficialismo de la Cámara de Diputados convertirá hoy en ley el proyecto que propone la publicación de las leyes secretas. El debate marcará el debut legislativo del lavagnismo, ya que la UCR y el justicialismo nacional -ex duhaldismo disidente- impulsarán un dictamen conjunto que reclama al Frente para la Victoria, además, la publicidad de los decretos del Poder Ejecutivo.

Se trata de un proyecto que resume las iniciativas de seis senadores oficialistas y establece la derogación de la Ley 18.302 y del Decreto 5.315, que regulan la distribución de fondos reservados, así como la publicación de las 141 leyes secretas firmadas entre 1891 y 1983.

El proyecto de publicación de leyes secretas recibió la semana pasada dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, que preside el kirchnerista salteño Juan Manuel Urtubey, donde la oposición encabezada por el radicalismo, el ARI, el PRO y el Justicialismo Nacional dejaron planteada su postura en contra del proyecto impulsado por el oficialismo.

En esa reunión, incluso, el bloque del Justicialismo Nacional de Jorge Sarghini y el radicalismo de Roberto Iglesias -que hoy acompañan la postulación del ex ministro de Economía Roberto Lavagnaanticiparon su decisión de firmar el mismo dictamen de minoría donde se oponen al proyecto que fue impulsado en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner.

Diferencia

La principal diferencia entre el oficialismo y la oposición es que tanto el radicalismo como el ARI y el PRO quieren incorporar un artículo para que se publiquen los decretos secretos, cuyo planteo fue rechazado por el bloque del Frente para la Victoria. Para el oficialista Urtubey, la sanción de esta iniciativa aprobada por el Senado «es un paso adelante» porque, dijo, «obliga la publicidad de todas las leyes secretas».

Por su parte, el radical Mario Negri adelantó que presentará un dictamen en minoría para que «se incorporen los decretos secretos y la creación de una comisión bicameral que analice en 60 días si deben permanecer en ese estatus» porque, dijo, «así como está, el proyecto es como tener la copa con medio vaso de agua».

Desde el ARI, el diputado Adrián Pérez reiteró la decisión de su bancada de no acompañar el proyecto oficialista para derogar las leyes secretas, que cuenta con sanción del Senado, al considerar que la norma «le seguirá permitiendo al Ejecutivo dictar decretos secretos para manejar fondos reservados».

Publicación

De aprobarse el proyecto, el Poder Ejecutivo deberá publicar en 60 días todas las leyes secretas (hay 141, dictadas desde 1891) en el Boletín Oficial, entre ellas, la Ley 18.302, que es la justificación que María Julia Alsogaray y otros ex funcionarios usaron para explicar los sobresueldos de la década del 90.

El dictamen también prohíbe al Congreso el dictado de leyes secretas para el futuro y establece que los fondos reservados podrán ser usados sólo para inteligencia y seguridad del Estado, gastos que son controlados por una Comisión Bicameral fiscalizadora de los organismos de Inteligencia.

En su mayoría, las leyes secretas son decretosley dictados por gobiernos de facto, avalados por la Corte para mantener la continuidad jurídica del Estado.

Entre ellas, se encuentran normas que contemplan desde la donación de caballos pura sangre a presidentes amigos en los 70 hasta la compra de fusiles Mauser en 1891, aunque la más importante es la que se derogará ahora, que permite la existencia de fondos reservados.