Oficialismo y oposición en Congreso instaron a fuerzas "a adecuar sus acciones a pautas democráticas"

Diputados de todos los bloques firmaron el documento.

El Congreso Nacional emitió un mensaje institucional dirigido a los efectivos de Prefectura y Gendarmería, a quienes instó a "adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas".

Mientras subía la temperatura en el conflicto entre las fuerzas de seguridad y el Gobierno, la Cámara de Senadores aprobó una declaración formal en el recinto y los Diputados suscribieron a un documento idéntico, que podrían oficializar en la próxima sesión.

Convocados por el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, los jefes de los principales bloques del Congreso se reunieron en ambos cuerpos para analizar la situación, que mantiene fuera de servicio al personal de seguridad por reclamos de recortes salariales.

"Los diputados nacionales representantes de los diferentes partidos políticos, instamos a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución Nacional", expresó el texto que surgió del Parlamento.

El documento circuló primero por la Cámara de Diputados, donde los legisladores se reunieron en la Presidencia y acordaron entre todos los detalles de la declaración.

Pusieron la firma Domínguez, el jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, y los opositores Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (PRO), Eduardo Amadeo (Frente Peronista), Carlos Heller (Nuevo Encuentro), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), Victoria Donda (Libres del Sur) y Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista).

Más allá del respaldo que la oposición brindó en ese llamado al orden de las fuerzas de seguridad, reclamó al Gobierno que resuelva el conflicto, sin que se afecten los salarios del personal.

Incluso, los bloques del GEN y Unidad Popular no suscribieron a la declaración, al considerar que "tiende a ilegalizar el reclamo salarial bajo la excusa oficial de que encubre un intento desestabilizador".

Luego, en el Senado se aprobó durante la sesión la misma declaración, pero no contó con el respaldo de los representantes de la UCR y de María Eugenia Estenssoro.

Antes de que el titular de la bancada oficialista Miguel Ángel Pichetto pidiera el tratamiento del documento en el recinto, los senadores se habían reunido en la oficina de Boudou para intentar acordar un texto, pero sin éxito.

Los radicales, que sí avalaron la iniciativa en la Cámara baja, se negaron a acompañarla en el Senado y reclamaron que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, concurrieran al Congreso para dar explicaciones sobre el conflicto.

El senador radical Gerardo Morales afirmó que su bloque compartía "la preocupación del Poder Ejecutivo", pero evaluó que el reclamo salarial de las fuerzas se debe a "un error en el decreto, no en la liquidación de los sueldos".

El senador del Peronismo Federal, Adolfo Rodríguez Saá, por su parte, agregó: "Vamos a respaldar todo acto que afecte la vida institucional del país, pero un error que afecte el salario de una persona hay que corregirlo con humildad".

Pichetto, en tanto, recalcó ante los radicales que se trataba del mismo documento que habían aprobado sus correligionarios en Diputados y señaló que "ocurrió un hecho que tiene que ser abordado rápidamente".

"No veo por qué no podemos hacer un enunciado común con la Cámara de Diputados", se quejó antes de la votación, que finalmente fue aprobada por 49 respaldos contra 15 negativas.

Para Pichetto, las fuerzas de seguridad "no pueden hacer un reclamo callejero porque no está dentro de sus normas de funcionamiento".

Domínguez, en declaraciones a la prensa, subrayó a su turno que "quienes tienen la responsabilidad de ejercer la fuerza de seguridad pública no pueden, en ningún caso, hacer abandono de su deber".

"No pueden causar sensación de zozobra en la población. No ayudan a mejorar la calidad institucional las manifestaciones fuera del ámbito constitucional establecido", agregó.

En la misma línea, Rossi consideró que "aquellos que detentan el uso de armas tienen la obligación de prestar seguridad, no actuar como lo están haciendo".

A la vez, destacó que los efectivos mantenían la protesta pese a que "el origen del reclamo" salarial ya estaba "resuelto".