El gobierno confirmó ayer que está dispuesto a negociar la inclusión de una parte de los ingresos que aporte el impuesto al cheque durante 2002 a cambio de que los gobernadores acepten eliminar el piso de coparticipación federal. Si prospera la iniciativa, que en principio tendría el visto bueno de algunos gobernadores justicialistas, las provincias podrían recibir aproximadamente 1.900 millones de pesos más por año por esta vía.
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La propuesta será oficializada hoy ante los gobernadores del PJ y fue ayer discutida dentro del equipo económico de Jorge Remes Lenicov, y Oscar Lamberto lo mencionó también ante los técnicos del Fondo Monetario que ayer hablaron del presupuesto 2002 con el secretario de Hacienda. Con el anterior gobierno, Domingo Cavallo había hecho una oferta similar como parte del último pacto fiscal.
La propuesta se basaría en girar a las provincias 40% de los ingresos provenientes del tributo a los débitos y créditos bancarios; que, según Economía, recaudaría durante este año aproximadamente 400 millones de pesos mensuales a partir de la bancarización forzada que impone el «corralito» pensado por Domingo Cavallo y perfeccionado en dos nuevas versiones por los ayudantes de Remes Lenicov. Así, mensualmente, se girarían a las provincias aproximadamente 160 millones de pesos, en los mismos porcentajes provinciales que el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Como además es un tributo casi imposible de evadir, por lo menos dentro de las cuentas normales con que se opera dentro del sistema financiero, las provincias (suponen en Economía) estarían dispuestas a aceptar la propuesta.
• Monto inferior
En realidad, los $ 1.900 millones de pesos serían un monto bastante inferior a lo que podrían perder las provincias si se elimina el piso de la coparticipación federal, basado en el acuerdo que en algún momento firmaron José Luis Machinea y los gobernadores provinciales, cuando se pensaba que el piso le garantizaba a la Nación un crecimiento sostenido ante lo que se preveía una recuperación inevitable y constante de la economía. Era noviembre de 2001, y el gobierno de Fernando de la Rúa estaba a punto de firmar con el FMI y el Banco Mundial los términos del blindaje financiero.
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