Oposición convoca audiencia para denunciar subsidios

Domingo Cavallo

El escándalo en torno de los fondos fiduciarios, los concesionarios de trenes y el nivel de control del Estado sobre éstos no terminó en el Congreso con la sesión del Senado del miércoles pasado, donde se aprobó un crítico informe de la Auditoría General sobre la distribución de subsidios al transporte. Los senadores ahora quieren cuestionar todo el sistema de fideicomisos estatales. Para eso utilizarán un esquema conocido: convocarán a una audiencia pública a técnicos, especialistas y a toda la oposición, y de las conclusiones piensan sacar una denuncia penal contra funcionarios de Planificación Federal.

Ese sistema de convocar audiencias públicas, aunque sus decisiones no tengan relevancia legal, fue instaurado por toda la oposición hace tiempo, ante la falta de debate en los recintos de las Cámaras y frente a la inexistencia de pedidos de informes sobre temas específicos del Poder Ejecutivo, ya que el oficialismo cumple en esto órdenes estrictas del gobierno de no molestar a la Casa Rosada con esos temas.

El problema para el gobierno es que radicales, aristas y provinciales ya tomaron nota de la efectividad que pueden conseguir con esas reuniones públicas que organizan en el Congreso. Sin ser siquiera un símil de las audiencias que se convocan en la Legislatura porteña en las leyes que requieren la «doble vuelta» para ser aprobadas, en el caso del INDEC provocaron dolores de cabeza en el gobierno y hasta generaron la presentación de una denuncia penal por violación del secreto estadístico. Esta semana otra de esas audiencias consiguió frenar el proyecto oficial para reformar la Auditoría General. Por lo tanto, esa herramienta inventada por la oposición demostró servir por lo menos para incomodar al kirchnerismo.

La semana próxima volverá a ser utilizada para debatir no sólo sobre subsidios, sino sobre todo el sistema de fondos fiduciarios, una gran maraña de dineros estatales que ni el Presupuesto puede controlar y de la que sólo hay noticias cuando el jefe de Gabinete envía al Congreso un informe.

Se insistirá, dentro de ese esquema, con los casi $ 5.000 millones en subsidios distribuidos desde las oficinas de Ricardo Jaime, secretario de Transporte, y el control sobre las obras comprometidas por los concesionarios, todo financiado con fondos estatales.

La rebelión del Congreso contra el sistema de control de los fideicomisos no es nueva. En 2005 los radicales Miriam Curletti y Ernesto Sanz presentaron un proyecto de marco regulatorio de los fondos fiduciarios; el chubutense Norberto Massoni hizo lo mismo en 2006, y un oficialista, Marcelo Guinle, también de Chubut, presentó su propio proyecto. Ninguno de ellos llegó a tratarse. Hasta un oficialista, Oscar Lamberto, llegó a decir en un debate en abril de 2005: «Los fondos fiduciarios pueden ser una asignación racional de recursos o un verdadero disparate por su falta de control».

Yendo más atrás en el tiempo, una de las primeras regulaciones para los fondos fiduciarios estatales se introdujo recién en el Presupuesto nacional 2002, el primero que el Congreso le aprobó a Eduardo Duhalde.

Hasta ese momento, y desde que Domingo Cavallo comenzó a utilizar los fiduciarios como herramienta pública de financiamiento, éstos se regían por la ley aplicable a los fideicomisos privados.

Más complicado

En el caso de los fideicomisos del transporte, la situación es más complicada aun porque desde allí se distribuyen los subsidios a los distintos sectores. Es especialmente sobre este punto que la oposición del Congreso quiere debatir.

Ayer los radicales Sanz y Gerardo Morales dieron una muestra de lo que puede ser esa discusión: presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre los « viajes realizados por la comitiva presidencial en los últimos dos años».

Quieren saber la cantidad y duración de los mismos, períodos, horas de vuelo, escalas, propósitos y correspondientes destinos; plan de vuelo de cada uno; integración completa de las respectivas comitivas y funcionarios públicos que viajaron, y totales de gastos de movilidad, mantenimiento, catering y otros servicios ocasionados a raíz de estos viajes, con las correspondientes rendiciones de cuentas.

No están interesados, en realidad, en los costos de operación del avión presidencial, tema que nada tiene que ver con subsidios o fiduciarios, sino en los nombres de los empresarios que alguna vez frecuentaron la aeronave oficial. Y en particular un pasajero, el ex concesionario de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur: «El Presidente y los ministros disfrutan de llevar invitados en el Tango 01. Bueno sería que nos contaran a quiénes invitan y cuánto se gasta en cada viaje. Conocemos que, por ejemplo, el empresario Sergio Taselli ha hecho al menos dos viajes», explicó Morales. «Es un hombre que ha compartido viajes con el ministro Julio De Vido en el avión presidencial, a quien se le rescinde el contrato pero no se le pide rendición de cuentas de la plata que recibió para gestionar las empresas concesionadas.»