Oposición niega quórum en primera sesión del año

Sin diputados propios para reunir el quórum en la primera sesión de 2007 convocada por Néstor Kirchner, el oficialismo intentará aprobar un paquete de proyectos que reciben el rechazo unánime de los bloques opositores de la Cámara de Diputados.

Se destaca el marco regulatorio de la empresa estatal de aguas AySA, cuya aprobación fracasó en la última sesión del año pasado, cuando la oposición abandonó el recinto y dejó sin quórum el debate.

La UCR, comandada en la Cámara baja por el rionegrino Fernando Chironi, esperará hoy hasta último momento para bajar al recinto.

Primero quieren testear la capacidad de convocatoria del kirchnerismo, que apenas araña los 110 diputados propios. Muchos están de vacaciones en sus provincias, pero el Frente para la Victoria también sufrió una considerable merma en su bancada luego de las expulsiones de María del Carmen Alarcón (Santa Fe) y del santacruceño Eduardo Arnold por opinar distinto al gobierno. A eso se suma la renuncia del catamarqueño Eduardo Pastoriza, quien no apoya la concertación presidencial montada con el radicalismo de su provincia, y las licencias del jujeño Eduardo Cavadini, de la sanjuanina Margarita Ferrá de Bartol, del tucumano Juan Salim -todos desempeñando otras funciones en sus provincias- y del misionero Diego Sartori, a punto de ser padre. Otra de las ausencias previsibles será la de Emilio Kakubur, disidente kirchnerista cada vez más cercano a Arnold.

Llamados frenéticos

Para llegar a la mágica cifra de 129 diputados sentados y poder sesionar, el kirchnerismo contará con la ayuda de sus incondicionales aliados del Peronismo Federal de José María Díaz Bancalari y de un puñado de radicales «K». Así y todo apenas alcanzaría el quórum propio. Por eso ayer la secretaria del bloque oficialista, Patricia Fadel, realizaba frenéticos llamados telefónicos para asegurarse que los legisladores más perezosos abordaran sus vuelos con destino a la Capital Federal.

El bloque de la UCR quiere sumar a su boicot al ARI de Eduardo Macaluse, al PRO de Mauricio Macri y al Justicialismo Nacional de Jorge Sarghini (lavagnistas) y el socialismo de Hermes Binner. Pero se enfrentan con el dilema de provocar la sanción ficta -es decir por el mero transcurso del tiempo sin que la Cámara se pronuncie- de la renegociación del contrato con Aeropuertos 2000.

El proyecto sobre la nueva sociedad anónima con participación estatal, que reemplaza a Aguas Argentinas, permitirá dar cuerpo a un convenio tripartito entre el gobierno, la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, para crear un marco regulatorio de agua potable y desagües cloacales controlado por el Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido.

En diciembre pasado, los bloques opositores hicieron caer la sesión para que no se votara el marco de AySA.

Para la radical Alicia Tate, «esta iniciativa es la expresión más acabada del doble discurso del Poder Ejecutivo nacional: por un lado, defenestra el proceso privatizador de los años noventa, y por el otro, utiliza exactamente los mismos métodos de celeridad, opacidad, falta de transparencia, que caracterizaron los procedimientos de aquella época».

«Como se lo hicimos saber en diciembre al oficialismo, el proyecto de ley en consideración no debe ser sancionado en razón de que está viciado de nulidad absoluta dado que no tiene en cuenta los preceptos consagrados por el artículo 42 de la Constitución Nacional, que asegura las garantías y los derechos de los consumidores y usuarios», rezongó la secretaria general del bloque radical. «Es que a grandes rasgos el ente regulador, que se propone crear el Ejecutivo, no garantiza la independencia, la imparcialidad ni la idoneidad de sus integrantes», agregó Tate.

La UCR, el ARI, el PRO y el PS tampoco votarán favorablemente la renegociación del contrato con Aeropuertos Argentina 2000 ni la iniciativa para regular la tarea de los encargados de seguridad de los boliches, conocidos como «patovicas», un proyecto del diputado sindicalista Héctor Recalde.

«La renegociación del contrato es parte del manual de (Julio) De Vido y, tal como ocurrió en las otras renegociaciones, se perdonan las deudas de la concesionaria del servicio», se quejó Macaluse en relación al proyecto sobre la concesionaria de las terminales aéreas.

«Se le condonan las deudas del canon y se le autoriza a hacer inversiones con el dinero que adeudan. Y eso es dinero que no le pagan al Estado», se quejó el arista.

El temario de hoy además incluye un proyectosobre eximición impositiva para la empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ASAT), que también cuenta con el rechazo de las distintas fuerzas de la oposición.