Otra vez fracasó cumbre entre Kirchner-Tabaré por papeleras
La posibilidad de un acuerdo entre el país y el Uruguay acerca de la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos es tan frágil como débiles son los protagonistas. La administración de Tabaré Vázquez lo probó ayer al quedar cautiva de una decisión de una empresa, la finlandesa Botnia, que dijo que sólo paralizaría las obras por 10 días y no por 90 como lo reclama la Argentina, para cerrar una tregua que permita resolver el fondo del debate (la descontaminación de la producción de esas plantas). Bastó eso para que se volviese a suspender la cumbre entre los presidentes que ahora no tiene fecha. La Argentina se pregunta con razón cómo podrá el Uruguay controlar el día de mañana si los vertidos químicos a las aguas del río son contaminantes si hoy no puede lograr que una de las empresas paralice obras por 90 días. Del Uruguay llega en cambio otro reclamo: que no se reanuden los cortes de puentes que unen a los dos países, algo que pone a prueba la fuerza de la administración Kirchner para contener a los enérgicos ambientalistas de Entre Ríos. Anoche, una reunión en la Cancillería con ese sector, de la que participó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, logró que esa protesta no vuelva aún y ponga todo a foja cero. Pero recién esta madrugada se sabrá si los entrerrianos accederán a ese pedido a la espera de que la empresa Botnia, hoy más poderosa al parecer que todas las partes involucradas, revea su negativa.
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El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, se reunió ayer en el piso 13 del edificio de Cancillería
con Jorge Taiana y un Alberto Fernández que no disimuló su mal humor por el nuevo
traspié en el conflicto por las papeleras.
«El gobierno argentino no firma nada si la empresa nos da 10 días. Ese tiempo no alcanza para realizar un estudio de impacto ambiental serio», aseguró una fuente de Presidencia.
Ambos gobiernos aspiraban firmar un documento en el que se incluyeran los impactos ambientales conjuntos de las dos papeleras que se construyen en Uruguay, de la finlandesa Botnia y la española ENCE, en un estudio que se calcula demoraría unos 45 días.
La empresa finlandesa comunicó formalmente al gobierno uruguayo que sólo suspendería las obras durante diez días, en razón de que no se podía perder tiempo fundamentalmente por las repercusiones en los mercados internacionales, donde la firma obtiene la financiación para los 1.200 millones de dólares que cuesta la planta de celulosa que se construye en Fray Bentos.
Ante la pregunta sobre qué actitud tendrá Uruguay si los ambientalistas vuelven a cortar los puentes fronterizos (ver vinculada), Fernández manifestó que se recurriría a los organismos internacionales para reclamar sobre lo que se considerabaun bloqueo. Y anticipóque exigirá a la Argentina mantener libres esos pasos.
El secretario de la Presidencia recordó que Uruguay tiene una inversión de 1.800 millones de dólares en las dos plantas pasteras «pero ya ha perdido 300 millones en el comercio con la Argentina, a consecuencia de los cortes de rutas». Uruguay tiene firmado además un acuerdo de protección recíproca de inversiones con Finlandia. Por ese protocolo, se expone a juicios internacionales si la firma Botnia entendiese que sus intereses se vieran afectados por la conducta del gobierno.
La reunión presidencial de Colonia originalmente había sido programada por Vázquez y Kirchner el 11 de marzo en Chile, donde asistieron a la toma de posesión de Michelle Bachelet. El segundo encuentro tendría como escenario a la ciudad argentina de Mar del Plata. Pero, para eso, aseguran operadores del gobierno argentino, «falta una eternidad».
El jueves pasado, el jefe de Gabinete de Kirchner, Alberto Fernández, giró a su homólogo uruguayo una contrapropuesta en torno al carácter técnico que debería tener el Acuerdo de Anchorena. Se exigía que ambas compañías brinden toda la información correspondiente a los procesos de producción que utilizarán para evaluar de esa manera el impacto de los gases, sólidos y líquidos resultantes; informe que debería evaluar la comisión binacional nombrada a esos efectos.




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