Otros operan pero ministros afrontan

El caso de las valijas cargadas de droga que llegaron a Madrid a través de la empresa Southern Winds, además de producir un escándalo policial, se ha convertido en un espejo muy fidedigno de un estilo de gobierno por el cual, tarde o temprano, Néstor Kirchner terminaría pagando costos.

El rasgo más conocido de ese modo de manejar el gobierno que sobresale en esta crisis es el de la ira presidencial. Kirchner se mostró, en público y en privado, tan exaltado que terminó tomando decisiones que, a medida que pasan los días, van mostrando más su inconsistencia. La más evidente es la remoción de casi todo el comando de la Fuerza Aérea, incluido su jefe de Estado Mayor, «por no haberme avisado». Esa determinación, de la que el Presidente se ufanó el viernes a la noche mientras comía en Mar del Plata («eché a 17 pero si echaba a 40 tampoco iba a haber reacción alguna»), va perdiendo razonabilidad a la luz de los nuevos datos que se conocen. Por ejemplo: ayer Aníbal Fernández, el ministro del Interior, confesó que «la Policía sabía que había un caso y una investigación hace tres meses». ¿Renunciará Fernández, bajo cuyo control se pusieron ahora los aeropuertos? ¿Lo hará el jefe de Policía? Los dos cometieron el mismo pecado de « ocultamiento» que el brigadier Eduardo Rohde, pero nadie justificaría que deban pagar por ello.

Además, luce poco coherente que Kirchner le pida a José Pampuro una investigación sobre la conducta de los uniformados a posteriori de su defenestración. Ahora el ministro deberá encontrar culpas si no quiere que su actitud y la de su jefe se descubran como más arbitrarias aún. Curioso ejercicio de los derechos humanos este de condenar primero e investigar después. Ayer, al comodoro Beltrame, jefe de Ezeiza, le aplicaron 10 simbólicos días de arresto para que figuren en su legajo y no tenga promoción.

Por otra parte, la falla que se les reprocha a los militares parece gravísima a partir del 12 de febrero, cuando estalla en la prensa la existencia de un caso grave de drogas que se envían a España a través de Southern Winds de manera que, por lo que se presume, ya era sistemática. Pero es probable que antes de ese escándalo muchos funcionarios públicos supieran que en esa compañía se cometían irregularidades « menores». Contrabando de mercadería folklórica (sobre todo platería), vajilla o, «in extremis», fondos destinados a cubrir el faltante de la provincia de Santa Cruz. Hasta un caso de narcotráfico como el que ahora conmovió al país puede resultar, para el personal de seguridad, uno más de la rutina cotidiana, que no merece ser informado al gobierno y mucho menos al Presidente. De hecho, nadie se siente todavía obligado a explicar cómo entró la droga al país y el escándalo sólo se reduce a cómo salió. Aun cuando conocer el ingreso pondría en emergencia a Gendarmería, Policía Federal, Aduanas y SIDE.

• Incomunicación

En este episodio aparece otra nota central del gobierno por la que Kirchner ahora llora amargamente: su incomunicación con todo lo que no controla o no se le parece. En efecto, la administración actual ha decidido, por desconfianza, desconocimiento o imprudencia, aislarse de la burocracia del Estado y encerrar el proceso de toma de decisiones en un conjunto de «mesas chicas» inaccesibles para los funcionarios de mayor jerarquía de cada área. Si a esto se le agrega que, muy frecuentemente, el medio de conducción presidencial es el terror de los subordinados, ¿cómo se pretende que lleguen malas noticias? Respecto de la Justicia, este síndrome es mayor: sólo un enorme aislamiento explica que durante tres meses un juzgado esté tramitando una causa sensible para la piel política de la administración y nadie del Ejecutivo tenga noticias. No se trata, claro, de un ejemplo de división de poderes ya que ese aislamiento no deriva de un apego religioso a la doctrina de Montesquieu, sino de un menosprecio y retracción ante todo lo desconocido.

El problema de los hombres del oficialismo señalados por este caso cobija otra lección para Kirchner. Por primera vez de manera clara le toca percibir la carga política que tienen los delitos cuando se producen en empresas vinculadas al Estado. Si el santacruceño se enojó especialmente por la noticia de Southern Winds es porque bien temprano advirtió que terminaría afectando a hombres de su máxima intimidad, como Ricardo Jaime, a quien designó en Transporte aun cuando eso significara romper un pacto bastante opaco entre Hugo Moyano y Julio De Vido (razón por la cual este ministro puede alegar que, al menos en este escándalo, no tiene nada que ver). En otras palabras, que el narcotráfico estalle en una empresa que el Estado había seleccionado para operar en el mercado de la aeronavegación aumenta la crisis, en la medida en que ensucia desde temprano el « nuevo modelo» de gestión mixta de los servicios públicos. ¿ Revisará el Presidente la conveniencia de insistir en otras experiencias de involucramiento empresarial, como es el caso de ENARSA, Aguas o el Correo?

• Intento fallido

Tal vez el mayor servicio que obtuvo hasta ahora Kirchner de la izquierda populista que lo rodea y asesora haya sido el de dirigir todas las acusaciones a la Fuerza Aérea en un intento fallido por preservar esta incipiente experiencia de neoestatismo. De paso se obtenía un argumento invalorable para la discusión que se abrió a escala continental acerca del combate del narcotráfico. La izquierda argentina podría aportar el primer ejemplo de cómo la participación de las Fuerzas Armadas en esa lucha no sólo no arroja mejores resultados,sino que empeora el panorama. Contaminar a la Fuerza Aérea en el narcotráfico es un eje central de esa estrategia. Kirchner, en su iracundia, contribuyó a esta posición con un descabezamiento que, a partir del informe que se pidió a Pampuro, parece haber sido infundado.

Los asesores y voceros de la izquierda presidencial contribuyeron así a preservar a los funcionarios involucrados. Ayer se sumó buena parte del periodismo radial, para el que Jaime se fue convirtiendo, ¿por arte de magia?, casi en un prócer. En cambio, se abrió una brecha que promete nuevos episodios dentro del propio gabinete: la que ya se insinuaba entre los funcionarios santacruceños y los ministros del gobierno, convertidos casi todos en consultores externos del núcleo íntimo del poder.

• Genuflexiones

Pampuro, es cierto, debe exagerar las genuflexiones que se les exigen a otros funcionarios y demuestra con su sometimiento la veracidad de aquellas confesiones de «ministro golpeado» que Gustavo Béliz ventiló al dejar la función pública (como siempre). Pero no son pocos los miembros del gobierno que se ven reflejados en su drama. Es otra característica de la actual administración que se volvió dramática con el caso Southern Winds: la existencia de un grupo blindado que reporta políticamente a Kirchner y que está ubicado en áreas clave del poder (sobre todo en las que el administrativista Luis Barrionuevo llamó «las grandes cajas») y la de otro elenco, que accede a la toma de decisiones por la prensa, pero que debe pagar los costos de los desaguisados del otro pelotón.

En el lote patagónico están Julio De Vido ( Infraestructura), José López (Obras Públicas), Jaime (Transporte), Echegaray (Aduana), Francisco Larcher (verdadero jefe de la SIDE a pesar de ser su N° 2), su esposa Viviana Peña ( encargada del otorgamiento de pensiones graciables), Carlos Zanini (Secretaría Legal y Técnica), José Granero ( Secretaría de Drogas y Narcotráfico), etc.

La dinámica por la cual ministros y secretarios de Estado «adoptados» en esta etapa nacional del kirchnerismo deben dar la cara por el comportamiento de aquellos « pingüinos» comenzó a generar cada día más quejas dentro del Ejecutivo, un malestar que ya llega al propio Alberto Fernández, el más próximo de los « foráneos». Antes que Pampuro, hubo otros hombres del gabinete que se quejaron por sentirse víctimas de decisiones que se tomaban fuera de su vista. Un caso es el de Rafael Bielsa, quien en diciembre se envalentonó como para pedirle a Kirchner que lo relevara de cualquier responsabilidad en la relación bilateral con Venezuela, que pasa por los negocios que administra De Vido y que se tramitan habitualmente en viajes semisecretos. Claro, Bielsa acababa de pasar por el papelón de los anuncios chinos.

Sin embargo, el ejemplo más notorio en el que se desarrolla esta lógica que pagó Pampuro es el de Lavagna. Sin ir más lejos, hace ya más de seis meses que el ministro les recomendó a sus amigos radicales que iniciaran pedidos de informes a Infraestructura por los subsidios que se distribuyen en la industria del transporte desde el escritorio de Jaime (casi el mismo reproche que Kirchner le dirigió al propio Lavagna cuando denunció su prodigalidad con los ferrocarriles durante la gestión de Eduardo Duhalde). En el caso de las negociaciones por los contratos de servicios públicos también se puso en evidencia la misma dicotomía entre «pingüinos» que deciden y «porteños» que deben dar la cara. ¿O no pesa sobre Lavagna una causa penal por la negociación con Aguas Argentinas, que llevó adelante De Vido?

No habría que descartar que, una vez concluida la reestructuración de la deuda pública y si se verifica el éxito que todo el gobierno prevé, Lavagna quiera expandir su poder dentro del Ejecutivo y «despampurizarse». Le hará falta: debe acelerar la negociación de las tarifas, controlar la negociación salarial, retomar la puja arancelaria con Brasil y supervisar la política cambiaria y monetaria del Banco Central en un año que promete más inflación. Desde este punto de vista, es posible que el ministro bendiga el escándalo de Southern Winds, que vino a eclipsar la que, se espera, sería su fiesta financiera.