Oyarbide amplió los procesamientos de Palacios y James

Norberto Oyarbide.

El ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y el ex espía Ciro James fueron imputados por el delito de asociación ilícita, según dispuso el juez federal Norberto Oyarbide al ampliarles el procesamiento en la investigación por el espionaje ilegal. 

Al fundamentar el delito de asociación ilícita en su resolución, Oyarbide señaló que "se advierte la concurrencia de alrededor de diez personas en la maniobra detectada, cada uno de ellas dotada de cierto rol o función".

En ese sentido, apuntó a los vínculos entre James y Palacios y también a miembros de la justicia federal de Misiones, desde donde partían los pedidos de intercepción de llamadas.

A James le atribuyó ser "el encargado de buscar y/o suministrar los teléfonos que debían ser intervenidos; siendo, a su vez, el nexo entre los restantes integrantes de la agrupación criminal".

"Está claro aquí que las intervenciones dispuestas, resultaron el objeto de una compleja maniobra criminal que involucró a varios funcionarios policiales y judiciales de la provincia de Misiones y de la Policía Federal Argentina", sostuvo Oyarbide en una extensa resolución de casi 400 carillas.

Además, para el juez "los aportes que brindaron cada uno de ellos resultaron fundamentales para la concreción de las complejas maniobras ilícitas investigadas en autos".

Oyarbide dio por acreditado que James retiraba los casetes de la SIDE de las escuchas a los teléfonos de Sergio Burstein, familiar de víctima de la AMIA, y de los empresarios Carlos Ávila y Alfredo Coto, pese a que el ex espía aseguró en la indagatoria que no conocía el contenido de dichas cintas.

"Debe también asentarse que James contaba con un equipamiento en su domicilio que permite presumir la posibilidad de obtener una copia de los casetes que retiraba desde la SIDE, previo a su remisión a la Provincia de Misiones", según el magistrado.

En cuanto al ex comisario, Oyarbide contabilizó 192 llamados con James y refutó el argumento de que el espía lo llamaba para comentarle sus avances en su carrera profesional y para saber cómo avanzaba su ingreso a la fuerza de seguridad porteña.

"Esta circunstancia, sumada a los horarios en que se realizaron algunos de esos llamados y la frecuencia que registran los mismos ante novedades relevantes dentro de los ilícitos llevados a cabo dentro de esta estructura criminal, por un lado, echan por tierra sus argumentos en el sentido por él esgrimido y por el otro, me permiten inferir su conocimiento y voluntad de participar en la estructura de la misma", según el fallo.

Para el juez, "resulta increíble pensar que Palacios desde el cargo que ostentaba -reitero, Jefe de la Policía Metropolitana-pueda dedicarle el tiempo que insumen 192 llamadas telefónicas a un simple aspirante a ingresar a la fuerza".

Y aseguró que las llamadas "han continuado aún con posterioridad a que Palacios renunciara a la novel fuerza de seguridad porteña".

Así, concluyó que Palacios "formaba parte de la organización ilícita investigada" y que el mismo "realizaba un seguimiento de las grabaciones correspondientes a los abonados pertenecientes a Carlos Ávila" y otros.

En la resolución, Oyarbide amplió el procesamiento por asociación ilícita a James y Palacios, les trabó un embargo por 250 mil pesos a cada uno, y por el momento continuarán detenidos.

También les atribuyó ser parte de una asociación ilícita a los policías de Misiones Diego Guarda y Raúl Rojas, quienes continuarán con prisión preventiva, y a los otros efectivos Rubén Quintana, Augusto César Fernández y David Amaral, que seguirán en libertad pero les fijó la prohibición de salir del país.

Además, fueron procesadas los secretarios judiciales de los juzgados de Misiones, desde donde partieron las órdenes para intervenir los teléfonos, Lidia Kruchowski, Mónica González, Augusto Gregorio Busse y Fernando Castelli, y a los dos primeros les impuso la obligación de comparecer semanalmente a la delegación de la Policía Federal Argentina.

Al explicar que roles cumplieron los secretarios judiciales, Oyarbide aseguró: "Tuvieron a su cargo la tarea de lograr que aquellos pedidos de intervención se convirtieran en ordenes dirigidas a la SIDE, a los efectos de que lleven a cabo las interceptaciones ilegales de las líneas telefónicas utilizadas por Carlos Ávila, Sergio Burstein".