Papel que se hizo jugar a los jueces electorales

Los llamados «jueces federales con competencia electoral» comúnmente abreviados como «jueces electorales» cobran más sueldo. Uno por sus habituales funciones en lo penal y civil y otro 30 por ciento por su actuación en épocas electorales. Consecuentemente, son los que más ganan entre los magistrados de primera instancia del país.

Resuelven en todo lo referente a la oficialización de candidatos, boletas, amparos presentados por ciudadanos que sientan vulnerados derechos electorales, controlan el patrimonio, constitución y extinción de los partidos políticos; organizan los comicios hasta el importante tema de los padrones electorales, que es clave en esta maniobra contra la voluntad ciudadana que se está gestando.

Hay uno que trata todo lo referente a la elección de presidente de la Nación y vicepresidente, porque a tales efectos la Constitución nacional designa a todo el territorio distrito único. Esta tarea corresponde a María Romilda Servini de Cubría. Hay un juez electoral en cada distrito, o sea provincia. En la provincia de Buenos Aires es Manuel Blanco. En Córdoba, Ricardo Bustos Fierro. Y así sucesivamente.

• Apelación

Por arriba de ellos está la Cámara Nacional Electoral, que resuelve en grado de apelación sus resoluciones, así como las de las Juntas Nacionales Electorales. Estas últimas a 60 días de los comicios comienzan a funcionar: para el distrito único para presidente y vice de la Nación la componen el presidente de la Cámara Federal Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, el presidente de la Cámara Civil y el juez Federal con competencia electoral del distrito único, o sea Servini de Cubría. Arriba de la Cámara Nacional está la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cualquier apelación extraordinaria.

En las provincias, encabeza la junta el presidente de cada suprema corte provincial.

Tradicionalmente los jueces electorales no han sido muy cuestionados, salvo que se les reprocha que no multan al que no fue a votar cuando es obligatorio. Pero la tradición argentina siempre impone el indulto para los infractores desde el Poder Ejecutivo.

No sólo no han sido nunca seriamente cuestionados sino que hay que admitir que fueron ampliamente favorecedores de la concurrencia de candidatos, salvo cuestiones que verdaderamente sean graves para impedirles el acceso al requerimiento del voto ciudadano.

En la actual emergencia los jueces actuaron con lógica pero terminaron siendo usados como excusa de la maniobra electoralista. Cuatro jueces electorales: Servini de Cubría y los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munne, el 21 de junio último concurrieron a la Casa de Gobierno y plantearon lo que los funcionarios querían oír: con los actuales recursos y personal que tienen no pueden asegurar padrones diferenciados en las fechas que se barajaban para las internas. Pese a un sobrante de más de 350.000 empleados públicos reconocidos en la administración no se les ofreció ningún aporte extra. Terminaron siendo cómplices involuntarios aunque no todos mantienen la misma postura.

La situación quedó así planteada: o la ciudadanía sobrellevaba más tiempo al actual gobierno del presidente Duhalde hasta confeccionar tales padrones diferenciados, o se adelantaban los comicios, como tanto se reclamaba, para buscar solución cuanto antes a esta crisis terminal, pero en este caso con elecciones abiertas a afiliados de todos los partidos en todas las internas junto a ciudadanos que no militan.

En realidad, la búsqueda de la imposibilidad de los jueces, como iba a ser excusa, parece un detalle clave de la maniobra: asegurarse la continuidad del predominio del «club de los intendentes bonaerenses por 4 años más», por lo menos, es más importante al duhaldismo que seis meses menos de gestión del actual gobierno designado que continuamente va perdiendo prestigio.