Papeleras: escrache naval contra Botnia
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La Argentina
espera hoy
la llegada
oficial desde
Uruguay de
la protesta
por la
incursión de
ambientalistas
de
Gualeguaychú
en
pequeñas
lanchas ante
una barcaza
de Botnia en
jurisdicción
del país
vecino.
Todo comenzó pasado el mediodía, cuando las embarcaciones de la Asamblea salieron al encuentro de la barcaza que venía transitando el canal de navegación del río Uruguay. A la altura de la boya 90, siempre navegando por aguas de jurisdicción argentina, los asambleístas comenzaron su protesta mostrando banderas y pancartas en contra de la instalación de la empresa Botnia y advirtieron al mismo tiempo que la perseguirán cada vez que ponga sus pies sobre el río Uruguay.
A través de megáfonos, los asambleístas expresaron su rechazo «a los piratas finlandeses, que devastaron el Mar Báltico y ahora vienen por el río Uruguay».
Ante la manifestación de los asambleístas, un guardacostas de la Prefectura Naval de Uruguay se acercó a la barcaza y comenzó a tomar fotografías y filmaciones de los ambientalistas.
A medida que la barcaza se fue acercando al puerto de Botnia, las embarcaciones de la Asamblea siguieron expresando su rechazo y algunas lanchas navegaron por delante del camino de la barcaza, aunque a una distancia prudencial.
Pasadas las 14.30, la protestallegó frente a la planta de Botnia en el río Uruguay. Simultáneamente, la comunidad se movilizó por la Ruta Internacional 136 hacia el puente General-San Martín, en una caravana automovilística que implicó más de cien autos que espontáneamente salieron en apoyo de la protesta acuática.
La barcaza de Botnia partió ayer desde el puerto de Ontur y se dirigió hacia el de Botnia, que también fue habilitado por Uruguay sin el consentimiento argentino. Esta barcaza es una de las cuatro que transportarán la pasta de celulosa desde la planta de Botnia hasta el puerto de Nueva Palmira y fue construida en un astillero uruguayo y botada con el nombre de «Fray Bentos I».
De confirmarse oficialmente la posible violación de la jurisdicción acuática uruguaya y de radicarse una denuncia formal por parte del gobierno del país vecino, hecho que sólo podría surgir luego de una denuncia de Botnia contra los manifestantes, el hecho podría afectar la posición de la Argentina ante el Tribunal de La Haya. Sucede que, de reclamarse una sanción contra los tripulantes de las lanchas locales, la Argentina debería comunicar el delito a las personas y eventualmente sancionarlos por esta acción. Si esto ocurre, indirectamente estaría reconociendo que ciudadanos de su país afectaron la propiedad privada de una empresa uruguaya (Botnia) en jurisdicción de un país vecino, lo que agrava el acto. Esta documentación oficial argentina podría luego derivarse como prueba de la actividad, en teoría y en parte «ilegal» de los manifestantes de Gualeguaychú, y dañar la posición argentina ante el tribunal. Hay que recordar que siempre la posición del gobierno de la Argentina ante la Corte de La Haya es asegurar que las acciones de los vecinos entrerrianos son pacíficas y nunca afectan la actividad económica del país vecino, y menos en territorio uruguayo.




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