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Ayer, por caso, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti, avaló el «derecho» de los habitantes de Gualeguaychú a protestar en contra de la instalación de las pasteras de Botnia y ENCE.
«El pueblo de Gualeguaychú tiene derecho a defenderse, porque son ellos los que se verán afectados por el daño irreparable en el medio ambiente que ocasionarán estas industrias», dijo Busti.
Además, el mandatario dejó claro que «todo lo que se realice en forma pacífica, dentro del marco de la ley», se puede concretar y recordó que si bien su gobierno no participa de las decisiones de la asamblea ambiental, «las aprobamos».
«Si bien no participamos en las decisiones de la asamblea ambiental, las aprobamos porque tienen legitimidad», añadió.
Justamente por los cortes de rutas binacionales de los últimos meses, la Argentina está enfrentando un juicio con Uruguay ante el Tribunal Arbitral del Mercosur, que el jueves pasado recibió los alegatos de ambas partes.
El gobierno uruguayo entiende que el Estado argentino incurrió en «omisión» frente a los cortes de rutas en Entre Ríos durante el verano pasado y que debió hacer apelado a la fuerza para ponerle coto a la situación.
El triunvirato arbitral tiene plazo hasta el 7 de setiembre para emitir un laudo en la controversia, para lo cual podría reunirse en Asunción del Paraguay en fecha por confirmarse.




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