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"Ante la proximidad del comienzo de una instancia de diálogo entre los representantes de gobiernos de ambos países auspiciada por S.M. el Rey Juan Carlos de España el gobierno nacional mantiene su más firme disposición a una salida diplomática", señala Vázquez en su mensaje al Parlamento.
El gobierno uruguayo -agrega- confía en que "sobre la base del respeto estricto al Derecho Internacional se resuelva definitivamente este diferendo, y se normalicen las relaciones entre dos naciones históricamente hermanas, se preserve la soberanía nacional y se renueve el derecho de la sociedad uruguaya al desarrollo sustentable".
Además, Vázquez ratificó al Parlamento que su administración seguirá con su actual política de derechos humanos.
"El gobierno reitera que no lo anima la venganza sino la justicia y el deber de la memoria", señaló.
"Tal como lo anunció y ha hecho desde el inicio de su gestión, seguirá adoptando las decisiones e instrumentando las medidas que permitan a la sociedad uruguaya recuperar la paz y tener la seguridad de que el horror de ese pasado reciente nunca más se repetirá", agregó.
La administración de Vázquez modificó los criterios de anteriores gobiernos sobre los alcances de la "ley de caducidad" o punto final que puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías por violaciones a los derechos humanos durante el régimen "de facto" (1973-1985) y en ese marco ordenó la búsqueda de restos de detenidos-desaparecidos en el interior de cuarteles.
En los últimos meses el ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry, presidente democrático devenido en dictador, varios ex militares y ex policías fueron procesados por la Justicia, detenidos y encarcelados por violaciones de los derechos humanos.
En su carta al Parlamento el presidente destacó, además, logros económicos y sociales entre ellos una caída de la indigencia del 4,66 por ciento en 2005 al 3,94 por ciento en 2006 según datos de la CEPAL, y el descenso de la pobreza del 20,4 al 19 por ciento.
Vázquez destacó además la cancelación de deudas con organismos internacionales de crédito por 2.942 millones de dólares.
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