30 de octubre 2006 - 00:00

Papeleras: Uruguay calificó de "irracional" nuevo corte de ruta

El canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, calificó hoy de "irracional" el nuevo corte en la ruta que lleva al puente internacional General San Martín, que une la ciudad argentina de Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos, dispuesto para el próximo fin de semana por los ambientalistas de Entre Ríos.

La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que protesta contra la construcción de una planta de celulosa en la margen oriental del río Uruguay, decidió ayer cortar el puente desde el viernes hasta el domingo, en coincidencia con la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Montevideo.

Gargano, dijo que la medida de los ambientalistas es "irracional" y agregó que existe gente "que tiene tiempo para manejar esto políticamente, yo lo manejo con un sentido pragmático con el objetivo de que se terminen los cortes".

El secretario de Estado confirmó que Uruguay "continúa denunciando los cortes de rutas por las vías correspondientes, aguardando la convocatoria del Tribunal de Controversia del Mercosur".

Reiteró que existe la posibilidad de que los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Argentina, Néstor Kirchner, "se reúnan por este tema en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Montevideo".

Además del corte en la ruta, los activistas pidieron a todos los vecinos que lleven ladrillos y bloques para construir un muro en plena ruta y escribir leyendas en rechazo de las plantas de celulosa y mensajes contra Vázquez y Kirchner.

La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú lleva a cabo desde hace casi un año cortes en los puentes internacionales que unen Argentina y Uruguay para protestar contra la construcción de la planta de la finlandesa Botnia en Fray Bentos y de la española Ence, que el mes pasado decidió mudarse de esa ciudad y levantar el emprendimiento en otro punto del país.

Durante el pasado verano, los cortes en las rutas, salvo esporádicas interrupciones, tuvieron una duración de tres meses, situación que fue denunciada por Uruguay en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y en el Tribunal Arbitral del Mercosur, que fallaron en contra de la medida de los ambientalistas.

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