Para la Justicia, las torturas en Malvinas también son delitos de lesa humanidad
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Ex combatientes denunciaron haber recibidos torturas y maltratos por parte de sus superiores.
De allí que el caso esté radicado en suelo chubutense. Esta causa es además un desprendimiento de otra que se abrió en Río Grande, la jurisdicción constitucional sobre Malvinas.
En Río Grande radica la mayoría de las denuncias que los ex combatientes hicieron llegar inicialmente al ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Andrés Vassel, y que hoy han surgido en otras provincias.
Son unos cien testimonios en todo el país, algunos espeluznantes, que denunciaron haber sufrido hambre y frío obligados, estaqueos, y hasta golpes de sus superiores.
Éste es un debate que divide a las agrupaciones de combatientes.
Algunas, en sintonía con la cúpula militar, niegan la existencia de semejantes vejámenes a los subordinados, mientras que otras vienen solicitando al gobierno nacional que el tema sea considerado dentro de la política de derechos humanos.
Según una fuente ligada a la investigación, comentó que Gómez contó a su favor con el testimonio directo de cuatro ex compañeros, que hace una semana reconocieron a Álvarez sin equívocos, en una ronda de reconocimiento ante la jueza Selemme, que se trasladó a Capital para efectuar esta diligencia en el Edificio Centinela de la Gendarmería.
La causa se abrió hace menos de un año, y mientras Polano se negó a declarar, Alvarez sí se presentó, pero negó todo, incluso que se torturara a la propia tropa en Malvinas.
En el juzgado de Selemme apuntaron que los testigos estuvieron incluso en el Liceo de Comodoro haciendo un reconocimiento del lugar, y que lo hicieron "muy fácilmente" pese a que habían transcurrido más de veintiséis años desde la guerra.
Ahora falta dilucidar si Álvarez actuó o no bajo las órdenes de Polano, por entonces su jefe.
Por su parte, el presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la Plata (CECIM), Ernesto Alonso, informó también a este diario que tanto Polano como Álvarez cobraban las pensiones honoríficas que por decreto de 2005 gozan oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad veteranos de la guerra de 1982.
El CECIM y otros grupos en todo el país vienen pidiendo que las deroguen, por estar también cobrándolas uniformados ligados a la represión ilegal de la última dictadura.




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