Para la oposición, el fallo de la Corte por los DNU fortalece la "institucionalidad" de Congreso
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El senador mendocino aseguró que el fallo "llega en buen momento", porque el Gobierno tiene un concepto equivocado, utilizando los DNU "como vía habitual y no excepcional" y lo ejemplificó con la resolución sobre el uso reservas.
"El acatamiento a este fallo traerá no sólo respeto institucional, sino que devolverá al Congreso el valor de ser el vehículo de diálogo, consenso y síntesis", finalizó el legislador.
El pronunciamiento del máximo tribunal obedece a una causa iniciada por un DNU firmado por Eduardo Duhalde cuando era presidente, pero impacta de lleno en la coyuntura tras la utilización oficial de esa herramienta para afectar las reservas del Banco Central al pago de la deuda externa.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, resaltó también que "el fallo de la Corte que limita los DNU está en línea con la nueva reglamentación que votó la Cámara de Diputados".
"Constituye un importante avance en la lucha del Parlamento por recuperar sus atribuciones, controlar los excesos del Ejecutivo y está en línea con la nueva reglamentación que votó la Cámara de Diputados", aseguró Pérez.
En un comunicado, llamó a la presidenta Cristina Kirchner a "ceñirse a lo establecido por la Constitución Nacional y ratificado por la Corte, y no arrogarse facultades propias del Congreso".
Además, el diputado del Sí, Eduardo Macaluse, coincidió con la decisión de la Corte Suprema, y resaltó que el máximo tribunal le dio "mayor participación al Congreso".
La Corte consideró que el Ejecutivo puede invocar necesidad y urgencia cuando las "cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancia de fuerza mayor, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal".
El máximo tribunal fijó doctrina general en materia del dictado de los DNU al expedirse sobre el caso concreto en que la ONG Consumidores Argentinos cuestionó el decreto firmado por el entonces presidente Eduardo Duhalde para establecer reformas de la legislación sobre compañías aseguradoras y su control.




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