"Para restringir el acceso a la compra de divisas hace falta una ley"

Política

Entrevista de Liliana Franco

En momentos que se debate en el Congreso el proyecto para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación enviado por el Ejecutivo que modifica y actualiza normativas legales que, dada su especificidad, no resulta de fácil comprensión para el común de la gente, una de las dudas que surgen es si alguna de las modificaciones pueden atentar con derechos contenidos en la Constitución.

A tal efecto, ámbito.com consultó al especialista en derecho constitucional, Daniel Sabsay, quién elogió la decisión de actualizar el Código Civil, pero consideró que es exiguo el plazo - sólo de tres meses - para analizar el proyecto y consultar la opinión de distintos sectores.

Alertó acerca de haberse sacado "el reconocimiento expreso al derecho al agua" o temas vinculados con la responsabilidad del Estado. También consideró que las restricciones al acceso de compra de divisas es un hecho anticonstitucional ya que las limitaciones deberían ser establecidas a través de una ley y no una normativa. A continuación los tramos más salientes de la entrevista mantenida con el especialista.

Periodista: El hecho de que los argentinos no podamos atesorar en dólares, o que tengamos que darle explicaciones a la AFIP si vamos a viajar, con quién viajamos, ¿no atenta contra los artículos 14, 14 bis, o es una impresión equivocada?

Daniel Sabsay: No, no. Es una impresión muy válida. Y le diría más: no sólo por los derechos que se conculcan, sino por la técnica, el instrumento a través del cual se llevan a cabo estas limitaciones. Me explico: los derechos reconocidos en la Constitución sólo pueden ser reglamentados por leyes. Surge del artículo 14, que nos reconoce a todos una cantidad de derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio y de otros artículos. Eso se llama "principio de legalidad". Sólo un instrumento llamado "ley" puede fijar límites en aras del bien común a los derechos reconocidos en los artículos que usted muy bien citó y tratados internacionales. Acá se hace a través de resoluciones de un organismo administrativo, que es la AFIP, que ni siquiera tiene competencia en materia cambiaria, y que lleva a cabo las restricciones sin ningún fundamento. Lo que falta es la ley, nada más ni nada menos.

P.: El Banco Central que reglamentó estos temas, ¿sí tiene competencia?

D.S.: Sí, pero en el marco de una ley

P.: ¿Entonces falta una ley?

D.S.: Falta la ley, nada ni nada menos.  

P.: ¿Por qué entonces los jueces terminan dándole la razón a la AFIP?

DS: El problema es la situación de la justicia. Eso sería para otro capítulo. Ha habido de un juez, con asiento en Mar del Plata, una sentencia, que para mí es ejemplificadora y clara, en definitiva apela (de una manera mucho más trabajada) a lo que yo le estoy explicando. Y apela a otro principio que es el de razonabilidad. No todo límite a un derecho es aceptable, no es aceptable cuando es arbitrario. Usted tiene que fundar razonablemente por qué limita un derecho. Acá no hay razón y aún tratando de buscar una razón, es muy difícil encontrarla.

P.: ¿Cuál es su impresión de la reforma del Código Civil?

D.S.: La reforma era muy necesaria porque desde 1967 no se hacía una reforma a fondo del Código Civil. Eso habla de lo atrasado que está. Por ese lado me parece positivo. La idea de unificar los dos grandes cuerpos del derecho privado, el Código Civil y el Código Comercial, es la más moderna tendencia en el mundo, así que me parece muy importante el haber eliminado casi la mitad de los artículos para hacerlo esencial, importante, y sacar lo accesorio. Pero al mismo tiempo es importante terminar con lo que pasa hoy, sobre todo con el Código de Comercio, que ha perdido toda unidad porque está lleno de leyes complementarias, entonces es confuso, también me parece una muy buena técnica legislativa. Ahora, hay muchas cuestiones que son muy opinables. Por ejemplo lo vinculado con las uniones, con temas de bioética, como la posición que se toma en materia de embriones. A mi entender, como son tan opinables, que merecen además ser explicadas y ser bien conocidas por todos, me parece que el haber dado un plazo tan exiguo, de sólo tres meses, a una comisión bicameral del Congreso para que trabaje en la revisión de un cuerpo tan importante, es escaso. Porque además se supone que van a consultar a los distintos sectores, instituciones, etc.

P.: ¿La reforma del Código Civil podrá afectar derechos constitucionales?

D.S: Desde el punto de vista de su jerarquía, el Código Civil es una ley nacional. Por lo tanto, debe ajustar su contenido a lo que establecen tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales. En particular los tratados internacionales de Derechos Humanos, respecto de los cuales -luego de la reforma de 1994- se ha determinado que tienen la misma jerarquía que la Constitución. En determinados capítulos, por ejemplo cuando se trata de temas vinculados con las relaciones humanas, los contratos, los derechos vinculados con la propiedad de los pueblos aborígenes, derechos de incidencia colectiva, temas vinculados con las relaciones de familia, etc., la modalidad que debe contemplar el desarrollo particular de los mismos en el Código Civil no puede contradecir a las normas superiores, que son las que enumeré antes.

P.: ¿Notó si algún artículo en particular puede atentar contra los derechos constitucionales?

D.S.: En principio no, pero luego de la presentación del anteproyecto por parte de una comisión de juristas, a cuya cabeza estuvieron los miembros de la Corte, el Ejecutivo lo revisa y cuando lo eleva al Senado efectúa una cantidad de modificaciones. Entre ellas, por ejemplo, se deja sin efecto el reconocimiento expreso al derecho al agua, que es un derecho muy importante. El mismo surge de una evolución en la aplicación del pacto de Naciones Unidas sobre derechos económicos, sociales y culturales, en cuyo artículo 14 se reconoce el derecho a la salud. Luego el Comité de Naciones Unidas que aplica ese pacto, en una de sus interpretaciones, que se hace a través de lo que se denomina "observación general", determinó que el derecho al agua es un sucedáneo del derecho a la salud, que es fundamental para que exista, y que por lo tanto también comprende el catálogo de derechos reconocidos en el pacto. Con lo cual rige en la Argentina, pero no es tan verosímil ni tan fácil de identificar como se lo había definido en una norma interna, como es el Código, donde se establecían además una serie de modalidades en lo que hace a las relaciones que pudieran surgir en el ejercicio de ese derecho. Eso se sacó, para nombrar un caso. También temas vinculados con la responsabilidad del Estado que también se sacaron.

P.: ¿Qué tipo de responsabilidades del Estado también se sacaron?

D.S.: Directamente se consideró que no tienen que estar en el Código Civil.

P.: ¿Quién va a ser responsable entonces?

D.S.: Surgiría del marco legal preexistente, pero volvemos a lo mismo. Lo que contemplaba el Código era algo mucho más moderno, expedito y fácil de aplicar. Y se sacó.

P.: También avanzó sobre la pesificación de las propiedades, ¿verdad?

D.S.: Eso también, si no me equivoco, surgió de lo que se tocó en el Ejecutivo. No provenía del anteproyecto originario. Ojo: el Ejecutivo podía hacerlo perfectamente porque tiene iniciativa legislativa. Pero independientemente de eso, cuando uno ve que lo que se toca le quita vigor a aspectos muy importantes del derecho moderno, o le resta coherencia, entonces eso es muy preocupante.

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