Para Servini la solución es política, no judicial

La imposibilidad jurídica de que una asamblea político-partidaria pase a cuarto intermedio por casi un año y que se hayan modificado los asuntos a considerar -ahora, diferentes de los invocados para su convocatoria judicial- llevaron a María Servini de Cubría a suspender el Congreso del Partido Justicialista convocado para hoy por Eduardo Duhalde. En realidad, la jueza federal con competencia electoral en todo el país, lo que la obliga a entender en este caso, no está convencida de que la dura pulseada interna en el peronismo pueda ser resuelta por la vía judicial, sino que, previamente, su solución debería ser acordada entre las distintas partes en pugna. Esto es, el propio Duhalde, que preside el Congreso del PJ, y su principal contrincante: Carlos Menem, que controla al Consejo Nacional del partido, o sea, a su autoridad de aplicación. Este criterio fue lo que terminó de convencer a Servini de Cubría para llamar a una audiencia de conciliación -postura que es criticada desde otras instancias de ese fuero-, haciendo caso a las recomendaciones del fiscal electoral, Jorge Felipe Di Lello, quien también entiende ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Electoral y quien tiene a su decisión desde el 6 de marzo pasado -antes de su nueva conformación- resolver una medida cautelar que presentó César Arias. Fue la opinión de Di Lello el determinante para convocar a una audiencia de conciliación y lo hizo al tener que dictaminar sobre la cuestión de fondo: legitimidad de la comisión de Acción Política, integrada por gobernadores, que creó Duhalde para desalojar a Menem como presidente del partido. Di Lello -un hombre que proviene del peronismo- hizo un planteo similar ante la cámara en diciembre del año pasado apenas terminado el Congreso de Lanús, el mismo que ayer el apoderado de Duhalde -Jorge Landau- trataba de apurar para hoy. Pero el tiempo transcurrido desde el 10 de noviembre del año pasado hasta hoy -casi un año- le dio a Servini de Cubría la argumentación necesaria para no definir la cuestión de fondo y plantear la conciliación. Para la jueza, el anterior encuentro en Lanús se había comprometido a reunirse en febrero-marzo de este año, a más tardar, para continuar con el tratamiento de las cuestiones impugnadas: comisión de Acción Política, reemplazo de los apoderados y «devaluación» de hecho a las facultades del Consejo que lo redujo a una mera expresión administrativa. «El órgano no podría estar en estado de indefinición durante casi un año...; todos los plazos, más aún en cuerpos colegiados, deben tener una duración cierta a fin de disipar toda incertidumbre que generan la indefinición y el estado de inseguridad jurídica.» Ese párrafo pertenece al planteo del abogado Luis Giacosa, nuevo apoderado del Consejo de Menem que llegó allí por su cercanía con el gobernador salteño y candidato a vicepresidente, Juan Carlos Romero. La jueza no sólo hizo suya esta argumentación, sino que, además, la reforzó con el fundamento de que la Carta Orgánica del PJ adoptó para el funcionamiento de sus órganos partidarios el mismo reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, que le impide excederse en los plazos fijados por votación para volverse a reunir. Esto es -según Servini de Cubría-, si el Congreso de Lanús fijó como plazo máximo a marzo, no puede prolongar el cuarto intermedio hasta fines de octubre. Ergo, la sesión quedó levantada porque se interpretó que se trató de una argucia ante la prohibición de realizar un congreso extraordinario, ya que tampoco el orden del día que se estableció para este cónclave se compadece con el original.

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