Patti apela la candidatura de Scioli

Política

Ante la pasividad opositora frente a los exabruptos judiciales que autorizaron a un colombiano como Francisco de Narváez y a un porteño como Daniel Scioli a postularse a la gobernación bonaerense, Luis Patti anunció ayer que apelará ante la Corte Suprema de Justicia la habilitación electoral del vicepresidente.

Patti, despojado por el kirchnerismo de su banca de diputado electo, embistió contra el fallo de la Junta Electoral bonaerense que avaló la candidatura de Scioli y señaló que esa decisión judicial «carece de sentido común, vapulea la carta magna provincial y no hace más que mostrar desprecio por la Constitución que es la ley».

«La Corte ya tiene un precedente con (Luis) Barrionuevo en Catamarca, en donde deja expresamente claro que si no hay antigüedad en el ejercicio ciudadano en determinadaprovincia, no corresponde ser candidato», sostuvo el ex subcomisario.

Aunque el kirchnerismo también había impugnado su candidatura a gobernador bonaerense, acusándolo de los mismos delitos -sin condena de la Justicia- de lesa humanidad que sirvieron de base en el Congreso para un proceso prefabricado que le impidió asumir su banca, Patti pidió «tomar más en serio estos temas» porque, advirtió, «está en juego el valor de las leyes y la Constitución».

  • Requisito constitucional

    Desde la oposición, apenas Ricardo Alfonsín se sumó a los cuestionamientos a la resolución de la Junta Electoral bonaerense que habilitó a Scioli a ser candidato. El postulante de la UCR lavagnista a la gobernacióntambién reafirmó que «Scioli no puede ser candidato» porque «la Constitución exige residencia hasta para ser concejal» y, según evaluó, el vicepresidente no cumple ese requisito.

    Alfonsín lamentó que la Junta Electoral bonaerense haya «decidido que la letra y el espíritu de la Constitución de la provincia de Buenos Aires no tiene importancia» y evaluó que no cabe «ninguna duda» sobre la interpretación del artículo 121 que, según indicó, le impide a Scioli ser candidato.

    «La Constitución de la provincia exige residencia a todos los cargos, por modestos que sean. Sería un absurdo interpretativo sostener que, frente a la exigencia de inmediatez en todos los casos, la Constitución autorice al gobernador, figura máxima, a hacer valer una residencia que abandonó en la niñez», subrayó Alfonsín.
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