Pelea II
En la Justicia también impera la impaciencia, y los magistrados prolongan la puja verbal por las críticas del gobierno al fallo que excarceló al empresario Omar Chabán, procesado por la tragedia de Cromañón. El juez Carlos Fayt dijo que los miembros del Tribunal no son los «jueces del Presidente», lo cual reinstaló el demonio de la Corte adicta que persigue a todos los gobiernos. Lejos de pacificarse, la arena política aporta todos los días más peleas. Como si emulasen esa estética del conflicto permanente -y a veces decorativo- que alimenta el gobierno, las «corporaciones» compiten por brindarle al público el espectáculo de la mala convivencia.
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Carlos Fayt
«No le pongan plazo» a esa decisión, reclamó el juez Fayt en la puerta de su casa, en el barrio porteño de Recoleta. E irónicamente, prometió averiguar cuándo se votaría para poder contestar.
«No sabría contestarle, vengo a averiguar yo también, a ver si yo tengo la noticia. Generalmente nos informamos nosotros a través de los diarios y son ustedes los que tienen toda la información, es el dominio de la información, vivimos en la sociedad de la información a nivel planetario», remató el veterano juez supremo.
La disputa de poder entre el gobierno y la Justicia se está tornando peligrosa. Acostumbrado a un Congreso siempre más permeable y dúctil a sus caprichos, Kirchner ha visto que la Corte Suprema no será tan fácil de amansar. El domingo envió uno de esos mensajes que pocos saben leer: dijo que no estaba de acuerdo con que los jueces se indexen los salarios y que tenían que pagar Impuesto a las Ganancias. Son dos temas sensibles para los magistrados.
Kirchner metió el dedo en la llaga a sabiendas que una decisión desacertada sobre ambos temas puede modificar la popularidad de los magistrados. Precisamente, en la agenda de los cortesanos está pendiente de tratamiento el conflicto que los jueces mendocinos llevaron al Tribunal reclamando la indexación de sus salarios afectados por la devaluación. Argumentan que la abrupta caída de sus haberes viola el principio constitucional de la intangibilidad de los salarios de los jueces como garantía de independencia. Si la Corte les da la razón, entonces todos los jueces del país tendrán derecho a indexar sus sueldos y a cobrar mucho más de lo que cobran ahora.




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