Piden a Duhalde que Nación coordine default provincial

La mayor parte de los gobernadores rechazó ayer la iniciativa de Eduardo Duhalde de reformar la Constitución. Con la excepción de José Manuel de la Sota y Felipe Solá, los 22 jefes políticos restantes, peronistas y radicales, le señalaron al Presidente, en Olivos, que el ajuste en el gasto político se puede hacer sin recurrir a la reforma constitucional. Sin embargo, el gobierno insistirá con su proyecto, enviándolo al Congreso la semana próxima. Allí sus aliados son Eduardo Camaño, Juan Carlos Maqueda y Jorge Yoma, entre otros. Radicales, como el senador Carlos Maestro, manifestaron ayer su negativa. Los mandatarios provinciales, después de cinco largas horas de reunión, escucharon del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, que la Nación no puede garantizarles el piso mínimo de coparticipación acordado en los pactos fiscales. El gobierno acordará a partir de ahora con cada provincia, saldando las deudas de 2001 con LECOP.

La mayoría de los gobernadores le bajó el pulgar al proyecto de reforma constitucional de Eduardo Duhalde, durante el prolongado encuentro que mantuvieron ayer en la residencia presidencial de Olivos. Por su parte, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, fue el encargado de transmitirles a los mandatarios provinciales que la Nación no está en condiciones de asegurarles el piso mínimo de coparticipación que se había firmado en el último pacto federal ($ 1.364 millones mensuales, menos 13 por ciento).

Antes del mediodía fueron arribando los gobernadores a Olivos, a una reunión que insumió cinco largas horas y donde, en opinión de los consultados, hubo «un pobre servicio», ya que dijeron que sólo se sirvió café, agua mineral y unos pocos sándwiches.

El encuentro halló a los protagonistas con caras serias y reconcentradas, como si ya estuvieran convencidos de que pocos resultados habría al final. De entrada fue Remes quien se encargó de bajar aun más las expectativas cuando les informó: «Tengo dificultades de ingresos». Tratando de sonreír agregó que la Argentina «se encuentra en terreno pantanoso y la economía no termina de hacer pie. Todavía podemos estar peor», les dijo. Después de esta introducción desalentadora, explicó que ésa era la razón por la que la Nación no podía garantizarles el piso de coparticipación acordado en su momento con Fernando de la Rúa en el último pacto fiscal firmado.

Sin embargo, y no obstante un horizonte tan negro, coincidió con el reclamo de los gobernadores en que era prioritario avanzar rápidamente con una política social que aliviara la situación de desempleo y marginalidad.

El ministro de Economía insistió en la necesidad de contar lo antes posible con un «presupuesto equilibrado», en cuya preparación todos estuvieron de acuerdo con que debía ser elaborado participando en él los responsables de las finanzas de cada provincia.

•Reforma

Fue cuando, ante la mirada impasible de Duhalde, terció el cordobés José Manuel de la Sota, señalando que debía hacerse una profunda reforma para bajar los denominados «gastos políticos», incluyendo en ellos la disminución de la representación legislativa en el Congreso y en la Justicia -incluyendo a la Corte Suprema de Justicia-, es decir en los tres poderes del Estado, tanto nacionales como provinciales y municipales, todo lo cual debía ser enmarcado en una reforma constitucional que, según se fue entonando De la Sota con ejemplos de su provincia, «debemos firmar ya en un acuerdo» para que el Congreso, por ley, sancione la necesidad de esa reforma.

No lo dejaron seguir. Liderando el reclamo, el salteño Juan Carlos Romero lo cruzó, señalándole la inconveniencia -»en medio de esta crisis brutal»- de convocar a elección de constituyentes, campaña, padrones y otras yerbas, «con un costo que hemos reconocido aquí que el país no está en condiciones hoy de afrontar». Romero, ante los gestos afirmativos de la mayor parte de los gobernadores, incluidos los radicales, les señaló que «la reforma del gasto político no sólo es necesaria, es imprescindible, pero debe ser encarada por el Poder Ejecutivo, sin necesidad de reforma constitucional alguna».

•poyo

En forma previsible, el único que intentó apoyar el proyecto de Duhalde fue el bonaerense Felipe Solá. Rápidamente silenciado cuando le preguntaron si estaba seguro del resultado de una elección de constituyentes, que no terminara revirtiéndose «en un cachetazo al gobierno». Otro apuntó: «Una convocatoria de éstas es abrirle la puerta a poner en estado de incertidumbre también a las instituciones. Si no podemos superar la crisis financiera y económica, ¿vamos a internarnos en esto también?». Esto terminó de enfriar la ya nonata propuesta.

Fue por esto que, a la hora de dar la cara, el jefe de Gabinete, el chaqueño Jorge Capitanich, tuvo que reconocer que «no hubo consenso» entre la Nación y las provincias para impulsar una reforma constitucional que modifique los sistemas políticos, aunque afirmó que se avanzó en el diseño de un acuerdo para reducir «el costo de la política» en cada jurisdicción. Sin mayores precisiones, Capitanich señaló que se avanzará en la «instrumentación de un pacto entre la Nación y las provincias para avanzar en un programa de reducción del costo de la política».

Al cabo de este segundo round todos coincidieron también en que a esa hora Remes Lenicov era quien mejor había marcado la situación real. Sin embargo, quedaban en pie algunos interrogantes: ¿habrá apoyo para las devastadas economías regionales? La respuesta fue que se estudiará «cómo se hacen coparticipables todos los recursos que se recauden» en el marco de un nuevo esquema de distribución de fondos, incluyendo en la hipótesis el impuesto al cheque.

•Suspensión

Fue cuando varios mandatarios, por momentos complementándose en el pedido, reclamaron a la Nación que se suspendan los descuentos automáticos de los fondos de coparticipación de las cuotas correspondientes al pago de deudas hasta tanto se renegocien las condiciones. Duhalde y Remes tomaban nota. «Así como la Argentina suspende su pago de intereses y capitales de la deuda externa, las provincias pedimos que no se nos sigan descontando de la coparticipación las tasas de interés en dólares, que son prácticamente imposibles de pagar», afirmó uno de ellos mientras el resto asentía.

Para ello, los mandatarios pidieron que «se ofrezca a las provincias las mismas condiciones que a los acreedores externos», se afirmó. Esto es renegociación de los montos de la deuda y baja de las tasas de interés. «Estamos estudiando cómo compartir lo que la Argentina tiene porque la situación es terminal. El país está fundido, en cesación de pagos», sostuvo De la Sota sobre el final.

El radical catamarqueño Oscar Castillo señaló que estarían dispuestos a aceptar un piso variable en la coparticipación federal de impuestos si el Poder Ejecutivo acepta distribuir entre las provincias la recaudación del impuesto al cheque. El gobierno no avanzó pero se comprometió a saldar en bonos LECOP los $ 800 millones que se adeudan del segundo semestre del año pasado.