Piden legisladores juicio a Ibarra por caso Cromañón

Aníbal Ibarra tiende la mano de Víctor Santa María, secretario general del gremio de encargados de edificios y del PJ Capital, ayer durante la firma de un convenio. El sindicalista manifestó su apoyo al jefe de Gobierno ante el dictamen de la comisión investigadora de Cromañón.

El juicio político a Aníbal Ibarra y a la síndica de la Ciudad de Buenos Aires, Marta Sánchez de Bustamante, es la principal recomendación que ayer terminó de redactar la comisión legislativa que investigó las responsabilidades políticas en el caso Cromañón.

A Ibarra lo acusan de presunto «mal desempeño» de sus funciones, la causal más leve que señala la Constitución local para el inicio de un juicio político, para el cual no habría ahora votos suficientes (ver nota aparte).

Los legisladores también piden la destitución de su cargo del titular del Consejo de Emergencia de la Ciudad, el ex concejal ucedeísta Julio Crespo Campos y solicitan que el gobierno no reincorpore a ninguno de los funcionarios que fueron desplazados tras la tragedia.

El informe cuenta con diez capítulos referidos a diversas materias relacionadas con el área de control del gobierno porteño y las normativas vigentes en ese sentido hasta la noche del 30 de diciembre pasado, cuando el encendido de pirotecnia provocó el trágico accidente donde murieron 194 personas. Fundamentalmente, tal como anticipó este diario el miércoles, los legisladores acusan a Ibarra de no haber ejercido el poder de policía que le delega la Constitución local. Aseguran además que el local bailable estaba irregularmente habilitado, ya que no podría haber obtenido el permiso como parte independiente al hotel con el cual estaba conectado. Esa comunicación la daba la mentada puerta, señalada presuntamente como de emergencia, que estaba cerrada con candado la noche de la tragedia y daba al garaje del hotel.

Sin embargo, esa habilitación, tramitada cuando el lugar era la bailanta El Reventón, se realizó en 1997, es decir, durante la gestión de Fernando de la Rúa, anterior a la de Ibarra, pero luego, en 2003 el actual gobierno inspecciona el lugar y de acuerdo a los criterios de la comisión, lo debería haber clausurado o puesto en regla, ya que aseguran «jamás debió haber estado habilitado».

Consideran además que esa noche debía haberse inspeccionado el lugar y evitar que ingresaran más personas de las permitidas. A su vez, piden el juicio político a la síndica, porque no cumplió con una normativa que la obligaba a realizar auditorías y el desplazamiento de Crespo Campos por supuesta ineficiencia en sus funciones.

• Explicaciones

En el dictamen, los nueve diputados de la comisión -los macristas Fernanda Ferrero, Martín Borrelli, Gabriela Michetti y Alvaro González; Milcíades Peña, María Eugenia Estensoro, Fernando Cantero (ARI) y Tomás Devoto (izquierda) explican que:

• La tragedia «entrañó un real desastre», que excede la categoría de la «emergencia pública». Según los legisladores «existió desarticulación, caos e ineficacia de las infraestructuras técnicas y humanas que debieron ser adecuadamente desplegadas» y dicen que aquella noche « concurrió la imprudencia parcial de asistentes al evento» y la «avaricia económica de actores, gestores y agentes privados», pero aclaran que eso no puede «diluir y menos todavía para exonerar las responsabilidades públicas».

Los fundamentos para el pedido de juicio político a Ibarra y a la síndica se detallan en:

• «Insensibilidad frente a las alertas institucionales previas a la tragedia, que entre otras referían a locales del tipo de Cromañón, y una actitud negligente e inadecuada frente a la exigencia del cumplimiento de la normativa preexistente.»

• Ausencia del ejercicio del poder de policía, especialmente por la inspección que realizan al local en 2003 y la falta de certificado contra incendios que emiten los Bomberos.

• «Abstención completa del ejercicio del poder de policía» para controlar el ingreso de personas, que resultó «250% sobre la capacidad» permitida y del cierre hermético de la puerta de salida de emergencia.

• «Ineficaz política para la prevención y atención de la emergencia, que derivó en la ausencia de coordinación incluso precaria para atender con eficacia a las consecuencias de la tragedia.»

• «Consciente política de reducción a la impotencia del área de inspecciones y controles, signada por el cambio constante de organización y de funcionarios responsables, por la generación de internas desnaturalizantes, por la erosión de una dirección referenciadora y por la selección individual de los métodos de inspección que derivaron en la ineficiencia y en las sospechas de ilicitud.» Este punto se refiere al decreto mediante el cual Ibarra disolvió la Dirección General de Inspecciones, sobre la que dijo era «un focazo de corrupción». Los diputados consideran que «colocó en manos de los funcionarios del área el criterio selectivo de los locales a inspeccionar y la discrecionalidad para tolerar, sancionar o disponer clausuras».

• «Inadmisibilidad técnica, política y administrativa del intento de transferir responsabilidades hacia abajo por la promoción de sumarios administrativos a funcionarios y empleados, con la elusión de las responsabilidades jerárquicas.»

Finalmente los legisladores recomiendan:

• Promover el enjuiciamiento político de Aníbal Ibarra por presunto «mal desempeño» de su función ejecutiva configurada por «falta de servicios» a su cargo. . Promover el enjuiciamiento político de «Marcela Sánchez de Bustamante, por mal desempeño de sus funciones, y falta de idoneidad funcional para el cargo».