Piden que voto en segunda vuelta no sea obligatorio

Un diputado conservador por Mendoza presentó ayer en el Congreso un proyecto de ley para autorizar -contra la disposición constitucional-que el voto en la segunda vuelta para elegir presidente el 18 de mayo sea voluntario.

Más enojados, desde la izquierda, Luis Zamora (anarquista postrotskista) y Patricio Echegaray (comunista ortodoxo) iniciaron una campaña para que la gente no vote ese día entre Carlos Menem y Néstor Kirchner.

Es imposible que cruja más el sistema electoral después de la licuadora que puso en funcionamiento el gobierno duhaldista hace un año y medio, pero esas manifestaciones refuerzan la presunción del Ejecutivo y de los comandos electorales de que el voto en blanco, el voto protesta o directamente el no voto puede ser el protagonista de la elección.

Tanto el demócrata mendocino Gabriel Llano (apoyó el 27 de abril a Ricardo López Murphy) como Zamora y Echegaray usan el mismo argumento, que se escucha mucho hoy, sobre que una sucesión de reformas y parches incoherentes ha terminado con la sociedad embutida en la jaula del Partido Justicialista.

• Coctel expolsivo

Su principal mandamás, Eduardo Duhalde, le brinda al público este cóctel explosivo: un país con voto obligatorio más ballottage más eliminación de las internas partidarias.

Esa mezcla extraña le resta justificación a cualquiera de los sistemas que se superpondrán el 18 de mayo:

El voto obligatorio es una de las rarezas del electoralismo criollo. La Argentina fue el segundo país del mundo en imponerlo por ley en 1916 (regía sólo en Bélgica, patria del ballottage, desde 1892). Se dijo en aquella oportunidad que debía obligarse a votar para quebrar el manejo del voto por grupos de interés a espaldas de la mayoría, que debía comprometerse en el destino del país a los inmigrantes y que el público tenía que comprome-terse en los asuntos públicos.

No satisfechos, los partidos con esa compulsión sobre la gente, que choca con la libertad que es consustancial a la demo-cracia, en la reforma de 1994 incluyeron la obligación en el texto de la Constitución usando los mismos argumentos de 1916, salvo la apelación a los inmigrantes. Nada indica que pertenecer a la lista chica de los partidos que tienen voto compulsivo -Bolivia, Chipre, Fiji, Gabón, Liechtenstein, Nauru, Singapur, Turquía, entre los veinte que mantienen la cláusula-asegure la bonanza del sistema. La Argentina prueba lo contrario: el sufragio obligatorio le regala al dirigente la materia de la cual está hecha la democracia, el voto. Donde es voluntario, el candidato debe esforzarse por llamar a la participación y después que lo voten a él. Donde es obligatorio, el elegido se siente eximido de cumplir con la pro-mesa de campaña: después de todo, me votaste porque lo manda la ley, puede responderle a quien lo apoyó en las urnas.

El voto obligatorio es también cuestionable porque favorece el voto «azaroso», es decir, que el elector se pronuncie por cualquier candidato con tal de cumplir sólo con la ley. Los aparatos partidarios nacen, justamente, para encauzar en beneficio propio ese sufragio al azar, que por lo general se inclina hacia quien encabeza las encuestas de intención de voto. Se explica la pasión de tantos argentinos por las encuestas: la gente cree que si está obligada a votar por lo menos le digan quién va a ganar así festeja con la mayoría. Los dirigentes, con esos sondeos, buscan también conocer cómo se manifestarán esos bolsones de opinión que despiertan sólo el día de la elección. Por eso las elecciones en la Argentina son siempre un escenario de incertidumbre para el público, otra rareza criolla que no sufren los ciudadanos de países con democracias que funcionan.

El ballottage es otro sistema vigente del cual tampoco se gozarán las ventajas, ligadas más a ordenar en una segunda vuelta la dispersión de los votos cuando el mapa de partidos está muy fragmentado y puede producir gobiernos débiles por la poca cantidad de adhesiones. Donde rige el sistema de doble vuelta con obligación del voto ya se producen problemas porque la compulsión a participar se vuelve doblemente violatoria de la libertad: obliga a votar y además a un partido en cuyos programas o dirigentes no se tiene convicción alguna.

El enrarecimiento aumenta cuando esta segunda vuelta enfrenta a fracciones de un mismo partido y no a partidos diferentes, que es por lo cual nació el ballottage. En el bizarro sistema imaginado por Duhalde -en realidad una nacionalización de las añagazas que usó siempre en la provincia de Buenos Aires para ordenar su organización-se suspendió la ley de internas abiertas que había votado el Congreso por unanimidad y que él mismo había promovido como clave de su gobierno «de transición». Nunca se dijo por qué se salvó a los partidos de ir a internas el mismo día para todos los cargos, pero igual se suspendió. Los legisladores admitieron por lo bajo que promovería una revolución intolerable pese a que se dijo que era « por la única vez»; será, ya se verá, para siempre.

• Encima Duhalde retorció más las cosas al impedir las internas en su propio partido. Domina el Congreso y temió siempre que Carlos Menem le ganase la candidatura. Siempre creyó que el mejor candidato del partido era él mismo; temió anotarse en esa interna, por eso la eliminó en los congresos de Lanús. Se dio tiempo para ver si ganaba, pero como tampoco se tuvo confianza, lo terminó eligiendo a Néstor Kirchner. También rechazó la idea de la mesa chica del congreso del PJ de aplicar una ley de lemas que sume los votos, un sistema cuestionable pero que hubiera sido más participativo que este enjaulamiento de la sociedad para que vote por la interna del PJ y haga el trabajo que no quisieron/pudieron hacer los here-deros de Perón.

• Es difícil que prospere la ley de Llanos, porque no hay sesión del Congreso a la vista y porque en realidad la obligación de votar es una cláusula constitucional que sólo puede levantarse con una convención reformadora. Lo que sí podría hacer el Congreso -o un juez si algún vecino indignado al sentirse en una encerrona institucional hace la demanda-es levantar las sanciones que prevé el Código Electoral por no votar. Después de todo, la propia autoridad electoral argentina, por boca de Alejandro Tullio, responsable del área, ya ha dicho: «Si bien estamos a favor de la obligación del voto, no estamos a favor de la represión ante los que no ejercen el derecho. Es razonable que se establezcan obligaciones, pero son obligaciones cívicas más allá de que la ley establece sanciones, que son multas o la imposibilidad de ser designado empleado público, quienes no ejercieron su obligación, como es un derecho no nos parece bien que se ejerza la represión. Una cosa es una obligación cívica y otra cosa es reprimir su incumplimiento». Esto lo festejarán Zamora y Echegaray, que pueden quedarse con un triunfo el 18 de mayo si logran imponer su consigna del no voto más allá de las bardas, altas, infranqueables hacia el resto de la sociedad, de sus minúsculos partidos.