11 de marzo 2021 - 00:00

Registro de piqueteros formalizará también recaudación de cuota

Blanqueo a entidades de la economía popular en un acto con Santiago Cafiero, Claudio Moroni y Juan Grabois.

Festejo. Organizaciones piqueteras celebraban ayer la apertura del registro después del acto con Santiago Cafiero. 

Festejo. Organizaciones piqueteras celebraban ayer la apertura del registro después del acto con Santiago Cafiero. 

El Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, que presentó ayer el Gobierno, les brindará a esas entidades por primera vez herramientas formales para la recaudación de recursos propios entre sus afiliados. Según la normativa que adelantó el martes este diario e hizo pública ayer el Ministerio de Trabajo, las organizaciones podrán obtener fondos sobre la base de “las cotizaciones ordinarias o extraordinarias de los afiliados, que podrán fijarse en un monto mínimo para la actividad esencial” desarrollada por los beneficiarios de los planes sociales, entre otras fuentes de financiamiento.

Ayer la resolución que abre el registro fue presentada en un acto que contó con la participación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y de los referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro y Juan Grabois como invitados. Para esos dirigentes se trata de una iniciativa que asimila sus organizaciones sociales a los sindicatos aunque desde la propia cartera laboral se ocuparon de marcar diferencias entre el estatus legal de ambas estructuras.

La herramienta atiende un reclamo histórico de los movimientos sociales que buscan de ese modo establecer un piso de reconocimiento administrativo para acudir a mesas de negociación y petición ante foros gubernamentales. Para el Ejecutivo se trata de una forma de encaminar la protesta social bajo estándares de diálogo institucional en lugar de afrontarla una vez que se manifiesta en las calles, como acostumbran las organizaciones del sector. La mayor parte de ellas se estructuró o creció exponencialmente tras la crisis de 2001 y en los últimos años la UTEP se convirtió en uno de los mayores referentes tras cobijar a las entidades del denominado “triunvirato de San Cayetano”: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Barrios de Pie.

El tópico de recaudación de fondos es uno de los destacados de la resolución que presentó ayer el Gobierno. Según la norma, las entidades inscriptas en el registro podrán obtener recursos de “las cotizaciones ordinarias o extraordinarias de los afiliados, que podrán fijarse en un monto mínimo para la actividad esencial” o bien de “los bienes adquiridos y sus frutos” así como “las donaciones, legados y aportes y recursos no prohibidos por las leyes”. Para ser inscriptas las organizaciones deberán presentar actas de constitución, un proyecto de estatuto, una lista de afiliados (DNI y actividad de cada uno), fijar domicilio y un patrimonio básico de afectación”.

Para integrar los órganos directivos de las entidades inscriptas serán requisitos “ser mayor de edad, no tener inhibiciones civiles o penales y tener, al menos, un año de antigüedad en la afiliación”. Además se exigirá respetar en lo posible “una participación femenina que no podrá ser inferior al 30 por ciento” y mandatos de no más de cinco años de duración. El registro derivará en la obtención de lo que en el ámbito laboral se conocerá como “personería social”, diferente de la gremial que constituye el mayor reconocimiento de la legislación argentina a un sindicato.

Con la herramienta de esa personería social la organización podrá “representar a sus afiliados, en forma individual o colectiva, en toda cuestión que haga a su interés y ante los organismos públicos o privados pertinentes”; “peticionar a las autoridades nacionales, provinciales o municipales y cualquier organismo, en defensa de los intereses y derechos de sus afiliados”, así como promover la formación de cooperativas o mutuales, entre otras incumbencias.

La norma también avanza sobre la posible existencia de controversias interentidades por la representación de un mismo colectivo, algo que la legislación cubrió en el caso de la CGT con la creación en ese espacio de un comité arbitral. Para las organizaciones sociales quedará establecido que ante un diferendo, “la representación ante los organismos públicos la ejercerá, exclusivamente, aquella que posea mayor número de afiliados en el semestre anterior” según el registro creado. Y que los conflictos deberán ser resueltos en una Comisión de Controversias, Mediación y Planteos de la Economía de Subsistencia.

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