Verano ardiente en el conurbano profundo. Y no sólo por las temperaturas. A la balacera contra el auto de un intendente, ayer se sumó otro hecho violento: quemaron un camión municipal que juntaba basura en Esteban Echeverría en medio de un conflicto entre el municipio y la empresa de recolección por una deuda heredada de la gestión anterior. Días agitados para los nuevos intendentes que, además de lidiar con numerosos planteles de empleados y problemas financieros, también deben resolver la crisis con las empresas de recolección de residuos que suelen llevarse una parte jugosa de los presupuestos municipales. Al proceso no es ajeno Hugo Moyano, jefe del gremio de Camioneros, que tiene como una de sus ramas, a los recolectores. ¿Explica eso el interés del jefe de la CGT porque los intendentes le paguen a las compañías?
Tras la balacera contra el auto que usa el intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi, ayer se produjo otro incidente violento en el conurbano bonaerense: una patota incendió en pleno centro un camión del municipio de Esteban Echeverría.
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En ese distrito gobierna, desde el 10 de diciembre, Fernando Gray, ex funcionario de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Gray derrotó en las elecciones a Alberto Groppi y conforma el grupo de jefes comunales « nuevos» del Gran Buenos Aires.
Como antes a Giustozzi, ayer a Gray le hicieron el «comité de bienvenida»: en pleno centro de Monte Grande, un grupo de personas detuvo un camión municipal que estaba juntando basura, obligaron a bajar a los empleados y lo incendiaron.
«No es contra ustedes: es contra el municipio», fue el mensaje que llegó a la intendencia.
El ataque es el segundo en una semana que, no casualmente, se produce contra autoridades que recién asumieron en sus cargos. Tienen, además, otro punto en común: en muchos casos, los nuevos alcaldes heredan gestiones en una situación administrativa delicada.
Particularidad
En rigor, el incidente en Echeverría tiene una particularidad: el hecho se produce en medio de un conflicto por la recolección de basura en el municipio, con la empresa reclamando el pago de una deuda que desde el Ejecutivo local advierten que no pueden pagar.
De hecho, Echeverría está en rojo. En números redondos, los «gastos» comprometidos equivalen a 115% del presupuesto municipal. A poco de asumir, por caso, tuvo que recibir asistencia especial del gobierno bonaerense para regularizar los sueldos a empleados.
Antes de dejar el gobierno, el anterior jefe comunal Alberto Groppi, casi cuatriplicó el acuerdo con la empresa de recolección de basura que ahora insume 30% del presupuesto municipal.
La situación de Giustozzi y Gray no es diferente de la de otros intendentes recién asumidos. De hecho, ya en dos ocasiones, los nuevos se reunieron para plantear en bloque sus demandas y compartir el enfoque sobre las administraciones que recibieron en diciembre.
En la mayoría de los casos se encontraron con arcas vacías, superpoblación de personal y deudas impagas. Son ocho jefes comunales que conforman una especie de G-8 del conurbano con problemas similares y conflictos en puerta.
Días atrás, para repudiar el ataque a Giustozzi, se reunieron en Lanús, donde gobierna Darío Díaz Pérez, sucesor de Manuel Quindimil, quien también denunció que recibió una administración «saqueada»: miles de empleados municipales y deudas inmensas.
A ese club se suman, además, Pablo Bruera que reemplazó a Julio Alak en La Plata, Francisco «Barba» Gutiérrez que ganó en Quilmes y heredó el gobierno de Sergio «Chino» Villordo, Aníbal Reguiero que volvió como intendente a Presidente Perón donde mandaba el clan Rodríguez: Oscar, padre; Mabel Müller y la hija Silvina, que gobernó hasta diciembre.
El grupo de nuevos con herenciaspesadas lo completan Gustavo Arrieta, de Cañuelas -tiene gastos de 105% de presupuesto- y Daniel Di Sabatino, que quedó al frente de San Vicente luego de derrotar en octubre a Antonio «Tano» Arcuri, esposo de la ex intendenta Brígida Malacrida.
Otro conflicto
Como Gray también Bruera tuvo un conflicto con la recolección de basura. En ese caso, como en el de Echeverría, el gremio de camioneros que comanda Hugo Moyano junto a su hijo Pablo tuvo un especial interés en que se normalicen los pagos.
«Actúan como lobbystas de las empresas» explicó, intrigado, un dirigente del conurbano que sigue desde la Casa Rosada los pormenores de esos municipios.
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