24 de agosto 2001 - 00:00

PJ Corrientes: discuten interna en la Justicia

La Justicia electoral de la provincia de Corrientes no habilitó al ex gobernador Raúl «Tato» Romero Feris para que se presente como candidato a gobernador en las elecciones del 14 de octubre próximo. El fallo de la jueza Adriana Carranza de Carrió rechazó por «improcedente» el pedido de los apoderados del Partido Nuevo (PANU) que pidieron un pronunciamiento similar al emitido el martes por la Justicia federal con competencia electoral, que en cambio habilitó a «Tato» Romero Feris para ser candidato a senador o diputado nacional. Al parecer, dos enfoques jurídico-políticos distintos sobre una misma cuestión: si «Tato» puede o no ser candidato en Corrientes.

Al mismo tiempo, un sector del peronismo correntino ha impugnado la intervención partidaria dispuesta por el Consejo Nacional del PJ, que responde a Carlos Menem. El polémico juez federal Jorge Urso debe decidir acerca de una denuncia penal por la presunta violación de la detención domiciliaria del ex presidente, porque aparece su firma en un acta que transcribe una resolución partidaria.

La disputa interna peronista por el control del partido en Corrientes se desarrolla ahora en los estrados judiciales. El Consejo Nacional del PJ hizo llegar el martes pasado a la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría copia del acta firmada, por la que se designó al porteño Ricardo Romano como interventor del partido en Corrientes, reemplazando en esa función al santiagueño Juan José Laprovita, ex secretario de Culto de la Nación.

• Denuncia penal

Hay tres presentaciones hechas en la Justicia por el tema de la intervención del PJ correntino: Rodolfo Martínez Llano, diputado nacional por Corrientes (PJ), hizo una denuncia penal contra Carlos Menem, ante la presunción de que hubiera violado su prisión domiciliaria en Don Torcuato para trasladarse hasta el Consejo Nacional del PJ, firmando el acta de designación de Romano. Es el pedido que está ahora en manos de Urso. También Martínez Llano pidió «no innovar», cuando fue designado Laprovita; instancia que ayer estaba en manos de la fiscalía y pasó a la Cámara Nacional Electoral. Finalmente este diputado nacional hizo otro pedido de «no innovar» cuando se produjo el reemplazo de Romano por Laprovita, que está en manos de la jueza Servini de Cubría.

Lo que se discute es si la reunión de la mesa del Consejo Nacional del PJ que nombra a Romano existió. Martínez Llano afirma que no. El acta que le llegó ayer a Servini afirma lo contrario. Pero además, Martínez Llano, que se entrevistó con el camarista Martín Irurzun -integrante de la Cámara que debe decidir sobre la acusación a Menem de ser presuntamente el «jefe de una asociación ilícita», está seguro de que la mediación del ministro del Interior, Ramón Mestre, le asegurará ser repuesto al frente del PJ de Corrientes.

Como además interviene la Justicia federal con competencia electoral de Corrientes, en tanto es el escalón tutelar local de las elecciones de senadores y diputados nacionales el 14 de octubre próximo, hay que advertir que sigue corriendo el cronograma electoral. Y éste dice que el martes 14 de agosto a medianoche venció el plazo de inscripción de alianzas, quedando firme la pactada entre el PJ y el Partido Nuevo, uno y otro liderados por dirigentes presos: Carlos Menem por un lado y Raúl «Tato» Romero Feris por el otro. Ambos, además, adversarios políticos de Martínez Llano. Pero además esos plazos siguen corriendo, y mañana a medianoche vence el de inscripción de candidatos. Si hasta el lunes 27 -el que vieneno se producen fallos que modifiquen lo actuado, ¿qué importancia tendrán las denuncias desde el punto de vista político?

Puede ocurrir que tanto fuego quede finalmente en puro humo, por lo siguiente:
si bien es cierto que el acta que designa a Romano tiene efectivamente la firma de Carlos Menem (extremo que ratificó a este diario la jueza Servini), podría haber ocurrido que los miembros de la mesa del Consejo Nacional la hayan llevado a Don Torcuato para que la firmara. Que fue lo que ocurrió. Se puede argüir que el ex presidente está de licencia, pero en el peor de los casos se trataría de un conflicto interno que debe destrabar el propio peronismo. Y sólo cuando esta instancia estuviera agotada -algo que ni siquiera se trató-, recién reclamar ante la Justicia.

La jueza
Servini admitió ante la consulta de este diario haber recibido conformada el acta donde consta el relevo de Laprovita por Romano y, a su juicio y en principio, no se observan irregularidades. El Consejo Nacional del PJ contestó así en favor del cambio de Romano por Laprovita.

El pedido de no innovar ante la designación del primer interventor (
Laprovita) no tendría ya sustento porque éste ya no está, y esa decisión es interna del PJ. El renovado pedido de no innovar por el aterrizaje de Romano en Corrientes no cambia el fondo de la cuestión. Y finalmente la denuncia penal por abandono o violación del encierro por parte de Menem no existió, evaporándose el conflicto.

De lo que no se habla es que a través de la alianza entre el Partido Nuevo y el PJ, dos jefes políticos encarcelados por hasta ahora supuestos delitos, existe la posibilidad de que lleguen a ganar la elección del 14 de octubre, instalando un gobierno, dos senadores y los diputados nacionales que entren, favorables a sus designios dirigenciales. Hasta se buscó prorrogar la intervención federal a la provincia, extendiendo esa postergación a las elecciones. Y esto fue rechazado en el Congreso no obstante un pedido hecho por
Mestre.

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