El Estado casi dispone comprar ayer a la Unión Ferroviaria un inmueble que la oposición denunció como ya de propiedad pública.
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Fue en el Senado, cuando se frenó el trámite de una polémica expropiación al sindicato que dirige José Pedraza -procesado en abril por ser acusado de desviar fondos de sus afiliados por 34 millones de pesos- para destinarlo a la Justicia nacional. Se trata del ex policlínico ferroviario en la zona de Retiro, que se quiere ceder a la Justicia. No se conoce por el momento el precio de la operación.
El radical Gerardo Morales sorprendió al cuestionar el «título de propiedad» de los ferroviarios y pidió detalles de la operación. No encuentra pruebas de la propiedad del inmueble. Sólo pudo ubicar la cancelación de la donación a ferroviarios en 1946. Aunque el dictamen ya estaba listo, senadores de la UCR y del PJ se negaron a habilitar que el Estado pague a sindicalistas por un edificio que ya es estatal.
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