El CELS presentó la medida para que se restablezca la entrega de medicamentos esenciales en los centros de salud bonaerenses.
El Gobierno desmanteló el programa Remediar.
El desmantelamiento del programa Remediar llegó a los tribunales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amparo colectivo contra el Estado Nacional para reclamar que el Ministerio de Salud vuelva a garantizar la provisión de medicamentos esenciales en los centros de atención primaria de la provincia de Buenos Aires.
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La presentación judicial apunta contra el recorte en la distribución de los botiquines del programa, que pasaron de casi 40.000 en 2023 a menos de 4.000 durante los primeros meses de 2026, según los datos oficiales citados por la organización. Además, denunciaron que los psicofármacos dejaron de distribuirse por completo.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, que ya lo inscribió en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema. Esa decisión reconoce que el planteo involucra a un grupo amplio de personas y que requiere una respuesta judicial común. Ahora, el magistrado deberá resolver el pedido de medida cautelar.
Desde el CELS explicaron que eligieron la vía colectiva porque el recorte afecta a toda la población bonaerense que no cuenta con obra social ni prepaga. En ese sentido, advirtieron sobre las consecuencias que puede tener la interrupción de tratamientos: “Un tratamiento interrumpido de hipertensión o diabetes produce complicaciones que después no se revierten”.
Por eso, además de reclamar que se restablezca la entrega de medicamentos, solicitaron que la Justicia ordene al Ministerio de Salud abstenerse de seguir reduciendo el vademécum mientras dure el proceso. La demanda sostiene que la política sanitaria representa una medida regresiva y vulnera el derecho a la salud reconocido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
El programa fue creado en 2002 y durante más de dos décadas permitió distribuir medicamentos esenciales en los centros de atención primaria de todo el país, destinados especialmente a personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud.
Su vademécum llegó a incluir 128 presentaciones farmacológicas para tratar enfermedades como hipertensión, diabetes, asma, epilepsia, infecciones y distintos problemas de salud mental.
Sin embargo, según la reconstrucción realizada por el CELS, las entregas comenzaron a reducirse sostenidamente desde 2024. El cambio se formalizó en octubre de 2026, cuando una resolución del Ministerio de Salud redujo el listado de 128 presentaciones a apenas seis medicamentos cardiovasculares.
De esa manera, quedaron afuera tratamientos para enfermedades como la diabetes, el asma y la epilepsia. La organización también cuestionó que los seis medicamentos seleccionados resultan insuficientes incluso para cubrir las necesidades de los pacientes con patologías cardiovasculares.
El informe elaborado por el CELS, titulado Sin remedio, aporta otros datos sobre la magnitud del recorte. A nivel nacional, los botiquines distribuidos pasaron de 17.393 en diciembre de 2023 a 8.491 en abril de 2026.
También advierte que, de los aproximadamente 8.100 centros de salud que recibían botiquines, solamente 800 continuarán recibiéndolos bajo el nuevo esquema. Es decir, más de 7.000 quedarían afuera de esa cobertura provisoria.
El documento también pone el foco en las consecuencias concretas de la reducción de la provisión. En la provincia de Buenos Aires, los medicamentos cardiometabólicos distribuidos cayeron de más de 20 millones de unidades en 2023 a poco más de 2,6 millones en 2026.
Uno de los ejemplos más contundentes es el del losartán de 50 miligramos, utilizado para tratar la hipertensión. Según el relevamiento, en 2023 se habían distribuido 3.661.380 comprimidos en territorio bonaerense, mientras que en 2026 la cifra descendió a apenas 1.500.
El CELS advirtió además sobre las estrategias a las que recurren las personas que no pueden abandonar sus tratamientos, pero tampoco consiguen los medicamentos: “Hay personas que fraccionan sus pastillas, prolongan el lapso entre tomas y estiran frascos para que duren el doble de tiempo”.
Para la organización, esa situación no evita el avance de las enfermedades, sino que puede agravarlas y generar complicaciones sanitarias.
En ese contexto, el informe concluye que el desmantelamiento del Remediar profundiza las desigualdades en el acceso a la salud, porque deja en manos de cada provincia la posibilidad de compensar la falta de provisión nacional, con capacidades y recursos muy diferentes.
Mientras tanto, el amparo colectivo ya fue registrado por la Justicia y quedó pendiente la resolución del pedido cautelar. El reclamo busca que el Estado Nacional vuelva a garantizar el acceso a medicamentos esenciales para quienes dependen exclusivamente de la atención pública.