Procesan a Menem por la venta del predio de La Rural
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Carlos Menem
"La actuación de Carlos S. Menem y Domingo F. Cavallo no sólo contrarió la forma de proceder impuesta por más de cien años en torno al patrimonio en cuestión; hizo lo propio con cuanto habían entendido los propios involucrados -hasta ahí- en el mismo expediente. Esas afirmaciones tornan procedente el agravio de la fiscalía vinculado a tales aspectos de los hechos", indicó el fallo.
Y agregó que "si bien los miembros del Poder Ejecutivo ejercían la administración del patrimonio estatal, ello no equivale a admitir que pudieran disponer arbitrariamente de aquél -pretendiendo así poseer una posición o título que no tenían-, en desmedro de la representación que les fue encomendada".
"Lo relevante aquí pasa, fundamentalmente, porque el auto-contradictorio, repentino e inexplicado cambio de criterio respecto de las condiciones necesarias para enajenarlo -que obviamente se tradujeron en menos o nulos controles- coincidió, justamente, con el acuerdo de un precio visiblemente perjudicial para los intereses estatales, al que se arribó mediante un procedimiento irregular e inmotivado", apuntaron los camaristas.
El predio, sede de la tradicional exposición agropecuaria de la SRA desde 1878, se consolidó luego como el principal centro ferial de la Capital Federal y hacia fines de 2002, Francisco de Narváez y su colega empresario Alejandro Shaw adquirieron el 50 por ciento de los derechos de explotación comercial, de manos de los tenedores originales.
Una década más tarde, y justo antes de que el gobierno de Cristina de Kirchner dispusiera la toma de posesión del predio, De Narváez se desprendió de su paquete accionario en La Rural S.A., compartida en partes iguales con la SRA y se lo vendió a una empresa de entretenimientos, el grupo Fénix Entertainment, que prácticamente de inmediato transfirió el 25 por ciento de sus acciones al grupo IRSA, dueño de los principales shoppings de Buenos Aires.
Para terminar, los jueces de la Cámara le encomendaron al juez Sergio Torres que, "devueltas las actuaciones, comience a transitar las fases necesarias para evaluar la elevación a juicio de la situación de los procesados".




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