Procesan y embargan a Menem y Cavallo por sobresueldos

El ex presidente Carlos Menem, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y la ex polifuncionaria María Julia Alsogaray fueron procesados por el pago de sobresueldos durante el gobierno menemista y al ex mandatario se le trabó un embargo por cien millones de pesos.

La medida fue dispuesta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien también impuso "millonarios embargos" para los otros imputados entre los que además se encuentra el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo.

Esta es otra de las causas que avanza contra Menem, quien se había negado a declarar al ser indagado por el entonces juez de la causa, Jorge Luis Ballestero.

Martínez de Giorgi ordenó un embargo de cien millones de pesos sobre el patrimonio de Menem y de diez millones sobre el del ex ministro de Economía.

En tanto, Granillo Ocampo y Alsogaray también fueron procesados como "coautores" de peculado (apropiación de bienes que tenían confiados en base a sus funciones), y les trabaron embargos por el valor de diez millones y cinco millones de pesos.

En su resolución, Martínez de Giorgi procesó como "partícipes necesarios" a Enrique Kaplan, Raúl Castellani, Heriberto Baeza González, José Torzillo y José Coronel, y a su vez les fijó embargos de hasta 1.500.000 pesos.

Sin embargo, el juez evito dictar la prisión preventiva de los imputados, al considerar que no existía peligros de fuga o entorpecimiento de la investigación, y con respecto a Menem porque en la actualidad ejerce el cargo de senador nacional, con lo cual tiene inmunidad de arresto.

Para Martínez de Giorgi, para pagar los llamados sobresueldos se tomaron fondos que en su momento estaban asignados a otros fines, como por ejemplo al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Además, consideró que Menem fue quien dio el aval para que se pagaran los sobresueldos, puesto que los otros ex funcionarios procesados no tenían manejos sobre los mismos ya que estaban asignados a otras reparticiones del Estado.

"Con el fin de obtener las sumas de dinero necesarias para conformar el fondo general para sobresueldos, se engrosaron los montos globales establecidos para FR (fondos reservados) mediante dos modalidades: en primer lugar, se intentó incrementar la nómina de organismos del PEN autorizados a recibirlos, luego se recurrió a otra vía, las modificaciones presupuestarias", señaló el magistrado en el fallo.

Para el juez, "ha sido acreditado hasta el momento que entre los años 1989 y 1999 existió un sistema mediante el cual se utilizaban fondos provenientes de partidas asignadas a gastos reservados, para entregar sumas mensuales de dinero a funcionarios del PEN, más allá del salario que éstos recibían ordinariamente en compensación por sus funciones".

En cuanto a la participación de Menem, el juez sostuvo que "su intervención persistió durante todo el período en que se desarrolló el sistema, es decir, sus dos períodos presidenciales, en tanto la decisión política del Presidente acerca de la existencia del sistema fue la que mantuvo subsistente su funcionamiento".

La causa se inició el 23 de abril de 2004 a raíz de la denuncia realizada por el abogado Ricardo Monner Sans.

La denuncia fue radicada luego de que el ex secretario de Granillo Ocampo, Roberto Martínez Medina, hablara de "pagos en negro", que percibían las más altas instancias del Poder Ejecutivo de durante los dos mandatos de Menem.