Pronunciamiento duro de la Corte sobre la "Asociación ilícita" desvirtuada

Era previsible, lógico y hasta descontado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se iba a pronunciar duramente --inclusive lo hizo más drásticamente de lo que se suponía-contra la insólita desfiguración de la «asociación ilícita» que habían tramado el fiscal Carlos Stornelli y el poco acertado juez Jorge Urso. Tan terminante es el pronunciamiento del alto cuerpo que anoche hasta se esperaba una renuncia del juez e, inclusive, del fiscal a sus carreras judiciales.

Los que elucubraron y los que apoyaron el engendro desbaratado funcionaron como usina de rumores -fundamentalmente el diario monopólico «Clarín»- para crear imagen de que el fallo de la Corte era «político» por servirle al gobierno en esta crisis la libertad de Carlos Menem. La mentira incluyó ataques directos a los miembros de la Corte pero se deshilachó con sólo tomar en cuenta que los más reputados tratadistas del país, de todo signo político, habían señalado en pronunciamientos públicos que era precisamente disparatado el uso de «asociación ilícita» tal como lo forzaban Urso y Stornelli. ¿Podían entonces los miembros de la Corte, igualmente reputados juristas, tener un pronunciamiento distinto?

Era absurdo adjudicarle «juego político» a este fallo empapado de obviedad, aun cuando el monopolio «Clarín» tenía que responder a quienes en instancias inferiores -el juez Urso, el fiscal Stornelli y los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani-habían rodeado de falsa juridicidad algo que el medio había inventado.

Es más probable que al descontar cómo ineluctablemente debía pronunciarse la Corte -hay varios indicios en ese sentido-algunos operadores políticos del gobierno hayan tratado de crear imagen de su influencia en el fallo con vistas a un canje posterior de apoyo político a un gobierno debilitado.

Seis jueces de la Corte apoyaron: el presidente Julio Nazareno, los miembros Eduardo Moliné O'Connor, Augusto Belluscio -redactor del texto de alto vuelo, conciso y de sólida argumentación-, Guillermo López y Adolfo Vázquez. El sexto, Antonio Boggiano, también apoyó la liberación del injustamente detenido Carlos Menem pero con conceptos propios más basados o complementarios desde leyes internacionales. No firma en ninguna posición el juez Carlos Fayt y sí lo hacen en disidencia Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, que tampoco convalidan tal uso de la «asociación ilícita» porque toman el camino colateral de que debió intervenir primero el Tribunal de Casación.

Sin duda, el juez Urso y el fiscal Stornelli quedan denostados por su afán de impresionar a la opinión pública buscando transformarse en «adalides de la lucha contra la corrupción administrativa... por caminos aparentemente revestidos de legalidad pero en definitiva ilegales», se expresa. También cae en el reto la controvertida Cámara Federal 1 de la Capital Federal, de los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi que, nadie duda, alentaron a los dos primeros en su manifiesta ilegalidad. Ni se salva en el fallo la prensa sobre la cual se duda si la opinión pública quedó engañada en este caso «espontáneamente u orientada por los medios masivos de comunicación». Golpe al monopolio «Clarín» por su interés directo en desinformar y la prensa de la izquierda criolla y ciertos periodistas de izquierda por intereses no directos pero sí ideológicos.

Para Ambito Financiero el fallo representa el halago de confirmar su clara posición, desde el primer momento. Escuchamos a juristas y atacamos la «asociación ilícita» porque se la deformaba ya cuando el juez Julio Cruciani se la aplicó al matrimonio Fassi Lavalle. No juzgamos si eran culpables o no de evasión -como tampoco ahora si hubo o no coimas-. Criticamos el exabrupto y autoritarismo judicial de prejuzgar y castigar en el inicio con privación de la libertad vía la deformación de una figura jurídica para condenar o absolver después. Dijimos que eso no sólo le retira con injusticia algo tan imprescindible como la libertad al ciudadano sometido sino que lo condiciona a no tener juicio justo porque para justificar los meses o años de encierro el juez no puede absolver bajo riesgo de ridículo. El ya renunciante juez Adolfo Bagnasco hizo otra interpretación malévola de la misma desfiguración al Derecho al aplicársela al ex interventor en el PAMI Carlos Alderete y privarlo de su libertad por reunirse con sus gerentes y decidir en el directorio de ese organismo bien o mal, con malversación o no, que es tema distinto, pero ya atándose a condenar y negándole la equidad al acusado. Urso y Stornelli luego ya elevaron a la categoría de exquisitez de la barbarie la violación de la Justicia con su interpretación de la «asociación ilícita» porque un ex presidente deliberó con sus ministros y dispuso un decreto en el caso armas.

Queda el alivio de ver a la Corte Suprema de la Nación suprimiendo la barbarie en busca de recuperar la credibilidad de la Justicia. El fallo es tan ejemplar que llega a mencionar que aplicar las leyes tan mal equivale a no aplicarlas en resguardo del individuo, su libertad, su vida, como sucedió en el Proceso militar. Sabia reflexión.

Pero la Justicia, aunque redimida, queda dañada. Deja idea de incapacidad manifiesta, personalismo y hasta torpeza infantil de algunos de sus miembros. Además, un fallo en un caso obvio puede que redima al Derecho pero nunca compensa a la víctima privada de su libertad. Porque estamos mucho más allá de un error judicial: aquí hubo alevosía, afán de publicitarse, rencores personales y políticos que conllevan venganza y hasta presión para sustituir a la Justicia en lo que podríamos llamar «condena por la prensa».

Es lamentable que en la Argentina aún subsista algo que mencionó el ex juez Eugenio Zaffaroni, precisamente al sumarse a las críticas contra la visión antijurídica de Urso y Stornelli. Zaffaroni dijo que el Derecho avanza y se perfecciona cuando resulta dañado alguien de relieve público, como es este caso del ex presidente Carlos Menem.

No debería ser así. Es lamentable que en nuestro país sea aún así. Nos disminuye como nación.