Prorrogaron las 2.000 leyes clave

Juan Manuel Urtubey

Con el argumento apocalíptico de una inminente parálisis institucional, el kirchnerismo logró extender por tres años más la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Además, volvió a aprobar por cuarta vez unas dos mil normas y decretos dictados por el Poder Ejecutivo, vía delegación legislativa, antes de la reforma constitucional de 1994.

El kirchnerista salteño, Juan Manuel Urtubey, fue el encargado de defender el dictamen del Frente para la Victoria: «Esta nueva prórroga es necesaria para sostener el andamiaje jurídico. De lo contrario, colapsa el sistema institucional argentino con consecuencias imprevisibles para la vida de los ciudadanos». Pero la arista Marcela Rodríguez y el diputado de Recrear Pablo Tonelli destacaron la falta de necesidad de volver a aprobar un paquete normativo que está firme y sin riesgo de caer. Es decir, no había peligro de parálisis institucional, como alegaba el oficialismo. «No se cae ninguna ley o norma. Esa es una ridícula excusa del kirchnerismo para seguir haciendo lo que quieren con la Universidad, la Aduana y la AFIP, además del Presupuesto que manejan con los superpoderes», argumentó Tonelli.

El oficialismo se impuso con 121 votos a favor -con la ayuda del neokirchnerista Peronismo Federal de José María Díaz Bancalari-. La UCR, el ARI, el PRO, el socialismo y el Justicialismo Nacional -ex duhaldismo opositor- se opusieron. La polémica surgió porque luego de la reforma constitucional de 1994, la carta magna prohibió en su artículo 76 la delegación legislativa del Congreso en el Ejecutivo: «Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa».

Para el jefe de los legisladores radicales, Fernando Chironi, la inconstitucionalidad de la ley sancionada en Diputados se basa en que el oficialismo impulsó la aprobación masiva de casi dos mil normas y no detalló cuáles eran las disposiciones que debían ser ratificadas.

Urtubey, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, agregó: «Nadie puede sostener que podemos vivir sin la ley de sociedades ni la Aduana. Creemos que no sería responsable hacer esto». Se refería el kirchnerista norteño a normas dictadas antes de la reforma de 1994.

Aunque el oficialismo generó una vez más un áspero debate con la oposición, en un final anunciado hizo pesar su mayoría en el recinto. «El Ejecutivo tiene mayoría en ambas cámaras, con holgura, y no va a tener inconvenientes en aprobar las leyes que quiera. Por lo tanto, someternos a violar la Constitución no es necesario. Esta nueva prórroga afecta al artículo 76, y a doce años de la reforma de la Constitución no hace falta esta delegación masiva», se lamentó Rodríguez.

Digesto

«¿Por qué seguimos discutiendo este tema? El Congreso conformó una comisión de juristas para constituir el digesto que va a recopilar estas normas, pero no se ha terminado todavía», intentó defenderse Urtubey, casi en tono de ruego.

La kirchnerista entrerriana Rosario Romero fue la encargada de explayarse sobre el plexo normativo, donde se agruparán todas las normas que ayer fueron debatidas: «El digesto surge de la Ley 24.967 y está pendiente desde 1994, no sólo desde el Congreso, sino también desde el Ejecutivo y el Judicial. Con él se busca reordenar el sistema normativo. Hay más de 26 mil leyes sancionadas, pero vigentes habría sólo 4 mil». Esta recopilación está en manos de una comisión de juristas presidida por Daniel Sabsay, en la órbita de la Facultad de Derecho de la UBA. Y estaría lista para fin de año. Marcela Rodríguez minimizó los argumentos expuestos por el kirchnerismo que advertían sobre una catástrofe institucional: «El oficialismo sostiene que una nueva prórroga es indispensable, pero de no haberla no se produce ninguna catástrofe, sino que una facultad que es propia del Congreso vuelve adonde corresponde. (Elisa) Carrió había coincidido con los argumentos de Tonelli ya en 1999. Mediante la prórroga de las facultades quieren que le demos un cheque en blanco al Poder Ejecutivo y aprobemos cosas que ni siquiera sabemos qué son. ¿Hasta cuándo se va a seguir violando la Constitución?».