Protestar no es delito

El título de este artículo indica algo que es obvio o que al menos debiera serlo en una democracia. Expresarse en contra de determinadas ideas políticas, programa económico, acciones gubernamentales o aun conductas de particulares no sólo no infringe ninguna norma sino que es un derecho amparado por nuestra Constitución y diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Ahora bien, la decadencia mental de la Argentina es tan profunda que hasta lo obvio se deforma para contribuir a la confusión generalizada por la que transita nuestra República.

Frente a los continuos desmanes cometidos por las organizaciones piqueteras el gobierno se apura a señalar que no habrá de «criminalizarse la protesta social». A su vez y ante el menor atisbo gubernamental de intentar hacer cumplir la ley desde aquellas organizaciones se apresuran a señalar que dicha protesta no debe incriminarse.

No hace falta ser un eximio penalista para darse cuenta que nuestra legislación no contiene ningún tipo penal que sanciona expresiones formuladas contra la inserción de la Argentina en el mundo, el ALCA, el Mercosur, la globalización, la antiglobalización, el equilibrio fiscal, la inflación, la privatización, la estatización, las siete plagas de Egipto, el neoliberalismo, el neokeynesianismo o cuestiones semejantes.

Tampoco se tiene conocimiento de alguna propuesta, proyecto o idea para incorporar algún artículo en el Código Penal que más o menos diga: «Se reprimirá con dos meses a tres años de prisión o reclusión a quien realizare manifestaciones de protesta frente a acontecimientos o programas políticos, sociales o económicos» que justificara los temores expresados por los piqueteros o las apuradas prevenciones del gobierno.

• Ambito propio

El derecho a protestar, que hasta donde se sepa nadie pretende incriminar, no comprende el de cometer delitos, como no lo comprende tampoco el ejercicio de ningún otro derecho. Cada derecho tiene su ámbito propio de ejercicio fuera del cual no existe como tal. No se trata pues de decidir si la libertad de expresión o de reunión han de prevalecer sobre el derecho a circular libremente o el de propiedad sino de verificar que en cada ocasión se haya respetado la ley a la que todos nos encontramos igualmente subordinados y de cuyo cumplimiento el gobierno es el primer obligado y garante.

¿Qué quiere decir entonces el neohabla piquetero y gubernamental? Que los delitos cometidos en ocasión de manifestaciones de protesta política o reclamos sociales no serán perseguidos penalmente. Como esta idea repugna a la inmensa mayoría hay que darle un ropaje -sobre todo lingüístico- que minimice las críticas.

Así, delitos como los de daños, hurto, robo, extorsión, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, intimidación pública, contra la seguridad en los medios de transporte y comunicación quedarían sin sanción por el simple hecho de haber sido cometidos en ocasión de ejercer el derecho a peticionar a las autoridades, a manifestarse, a reunirse o a expresar ideas. El día de mañana otros delitos de mayor gravedad podrían quedar impunes con sólo argumentar que se trataba de una «protesta social». Hoy es el saqueo de oficinas de empresas privadas, comercios u oficinas públicas, mañana serán domicilios particulares o la propia vida de los ciudadanos lo que estará en riesgo (de hecho ya hubo un caso en Salta de una persona fallecida porque la ambulancia que lo transportaba llegó tarde al hospital como consecuencia de un piquete). La ansiada recuperación del empleo y de las inversiones no vienen de la mano del saqueo y el desorden, antes bien son consecuencia de la seguridad jurídica de la que la seguridad física de personas y bienes es un componente esencial.

La conducta gubernamental alienta por otra parte este comportamiento permisivo en la esperanza de que así logrará descomprimir los conflictos. La consecuencia previsible de ello es el incentivo al comportamiento extorsivo por parte de estas organizaciones confiadas en la falta de voluntad real de quien ejerce el monopolio de la fuerza de hacer caer el peso de la ley sobre quienes la infringen. Pensar así es como creer que las moratorias impositivas alentarán el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El fin no justifica los medios. La protesta social no es un justificativo para delinquir. Debería ser algo obvio en cualquier sociedad medianamente civilizada. No puede ser lo mismo organizar una protesta pacífica frente al local de una empresa que reducirlo a cenizas en el curso de la protesta. El sentido común dice que no es lo mismo. La ley dice que no es lo mismo. El gobierno no puede actuar como si fuera lo mismo. Lamentablemente a veces parece que hace falta recordarlo.

(*) Abogado. Ex candidato a legislador porteño por la Alianza de Centro y ex líder de UPAU.