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Frente a los continuos desmanes cometidos por las organizaciones piqueteras el gobierno se apura a señalar que no habrá de «criminalizarse la protesta social». A su vez y ante el menor atisbo gubernamental de intentar hacer cumplir la ley desde aquellas organizaciones se apresuran a señalar que dicha protesta no debe incriminarse.
No hace falta ser un eximio penalista para darse cuenta que nuestra legislación no contiene ningún tipo penal que sanciona expresiones formuladas contra la inserción de la Argentina en el mundo, el ALCA, el Mercosur, la globalización, la antiglobalización, el equilibrio fiscal, la inflación, la privatización, la estatización, las siete plagas de Egipto, el neoliberalismo, el neokeynesianismo o cuestiones semejantes.
Tampoco se tiene conocimiento de alguna propuesta, proyecto o idea para incorporar algún artículo en el Código Penal que más o menos diga: «Se reprimirá con dos meses a tres años de prisión o reclusión a quien realizare manifestaciones de protesta frente a acontecimientos o programas políticos, sociales o económicos» que justificara los temores expresados por los piqueteros o las apuradas prevenciones del gobierno.
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