Provincias se cobran impuesto a importar (comienza nueva pelea)

Casi como un resabio de las guerras entre provincias de mediados del siglo XIX por la eliminación de las aduanas internas, tres gobernadores presionarán mañana a Felipe Solá para que los intendentes bonaerenses dejen de cobrar tasas especiales a los productos agropecuarios que se venden en sus municipios. Esos tributos -más conocidos como «tasa de abasto»-, escondidos detrás de nombres como «derecho de inspección, seguridad o higiene», terminan operando como un arancel aduanero que distorsiona el comercio interno. Si se hablara de comercio exterior, se estaría con seguridad frente a denuncias ante la OMC. Esas barreras paraarancelarias entre provincias están prohibidas por la Constitución nacional desde que la Argentina se constituyó como país. Pero, al amparo del poder que les dieron a intendentes desde el propio gobierno nacional para condicionar a sus gobernadores, se comenzaron a cobrar estos impuestos considerados inconstitucionales. Es, además, otro de los efectos de no haber votado a tiempo una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y mantener una estructura fiscal en la que no se conoce realmente adónde van los fondos.

Felipe Solá

Se sabe que Néstor Kirchner no está dispuesto, por lo menos en este año electoral, a abrir la discusión sobre una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, norma postergada desde diciembre de 1996 -fecha que la Constitución de 1994 había puesto como límite para su votación-. No quiere el Presidente mover el avispero de las cuentas provinciales y mucho menos torcerle el brazo al FMI, que exige esa norma desde hace años. Por eso, en su lugar, todas las partes debieron contentarse sólo con la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Pero la demora de años en el tratamiento del reparto de lo que se recaude en impuestos produce tensiones que se vuelven inevitables: mañana un grupo de gobernadores -el mendocino Julio Cobos, el sanjuanino José Luis Gioja y el riojano Angel Maza, todos hoy de indudable buena relación con Kirchner- se llegará hasta el despacho de Felipe Solá en La Plata. Lo intimarán a que solucione el problema de los impuestos encubiertos que cobran los intendentes bonaerenses a productos agropecuarios que se comercializan en su territorio, especialmente los que ingresan desde el resto del país.

El problema no es menor. Ocultos bajo la apariencia legal de tasas sobre derecho de inspección, higiene o salubridad, muchos municipios cobran lo que se conoce genéricamente como «Tasa de Abasto», sobre toda mercadería del complejo agroindustrial -impacta de lleno en la producción vitivinícola- que las empresas comercialicen en su territorio y que en algunos casos es superior, incluso, al distorsivo Ingresos Brutos. Mendoza, por ejemplo, viene protestando desde hace meses por el perjuicio que esa tasa les produce a las ventas internas de vino y champagne.

• Racionalización

Las provincias vienen negociando con Buenos Aires -en realidad algún municipio de Santa Fe también lo cobra- una racionalización de estas tasas que terminan operando como una suerte de barrera paraarancelaria, algo como volver a hablar de verdaderas «aduanas internas», prohibidas por la Constitución. Por lo menos, así se lo definiría si se aplicaran las normas de la OMC competentes para el caso de comercio entre naciones. Pero los reclamos jamás tuvieron eco. Por el contrario, la discusión siempre se postergó para ser compensada en el momento de debatir la Ley de Coparticipación Federal que, pese a los múltiples intentos, nunca avanzó. Ponerles freno a los intendentes en esta potestad tributaria -muy cuestionada legal y fiscalmente- no es tarea fácil. Desde Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Solá como gobernador, nadie quiso complicar su gestión con una pelea con los municipios, a quienes, por el contrario, mimaban desde la Capital Federal -en muchos casos enviándoles directamente los codiciados ATN- para minar el poder de sus gobernadores.

Ahora, la situación política de la provincia de BuenosAires cambió, y varios gobernadores están dispuestos a responsabilizar a Solá por esos excesos pseudoimpositivos bajo la amenaza de complicar las ventas de las empresas bonaerenses en el interior del país.

La discusión estará presente hoy en la reunión de la Comisión de Coparticipación del Senado, convocada a las 10. Con la excusa de analizar la Ley de Responsabilidad Fiscal, sancionada el año pasado, el funcionamiento del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y el Programa de Financiamiento Ordenado para las provincias, los senadores quieren tener precisiones sobre la demorada reglamentación de esa ley que el Ministerio de Economía ya tiene lista y, se deslizó, será anunciada en menos de una semana.

Hasta ahora, en lo funcional, esa norma no ha jugado como sustituta ideal de la Coparticipación, más allá de garantizar la aplicación del Programa de Financiamiento Ordenado para las provincias. Pero cuáles son sus límites y cómo funcionará realmente el voto ponderado de cada uno de los integrantes del Consejo Federal siguen siendo una incógnita.