Qué tendría que hacer una izquierda moderna

El politólogo francés Alain Touraine desarrolló en un interesante ensayo periodístico cuáles son las condiciones para que una izquierda, al menos en su país, pueda subsistir a los cambios políticos que se producen en todo el mundo. Argumenta que los servicios públicos no deben ser endiosados como empresas, ante la necesidad de la competitividad económica del Estado y ante los límites del Estado en la intervención financiera. Veamos los argumentos de Touraine publicados en el vespertino francés "Le Monde" y que tradujo el diario "Clarín".

Los acalorados debates actuales oponen a los que defienden los derechos culturales y, por lo tanto, el derecho a participar en la vida económica globalizada, pero protegiendo y destacando las diferencias, y a aquéllos que adoptan una fachada de universalismo que aprueba de hecho la destrucción de la diversidad cultural a manos de la cultura de masas y del peso de una represión consolidada. No se puede concebir una izquierda que no defienda los derechos culturales, la riqueza de las comunicaciones interculturales y el respeto por la alteridad.

Eso es algo que la izquierda francesa suele no entender. En nombre de grandes principios republicanos, con frecuencia se aferra a ideas que suprimen o colocan en un plano inferior a aquellos a quienes se invita a abandonar su cultura de origen, su singularidad o sus proyectos para admitírselos en la categoría de ciudadanos.

Mientras la izquierda no tome la decisión de impulsar las comunicaciones interculturales, seguirá reforzando la desigualdad que afecta a la mayor parte de las minorías.

Por otra parte, es sólo en el sector público donde existe en Francia un sindicalismo relativamente fuerte. Eso deriva en que la presión sindical se ejerce sobre todo para favorecer a capas medias. Claro que no se trata de privilegiados, pero están cada vez más lejos del mundo de los pobres en una sociedad donde aumentó la exclusión y las desigualdades sociales crecieron.

El segundo principio que justifica la intervención estatal es que la misma debe relacionarse lo más posible con una intervención económica. Una larga tradición hace que estemos habituados a contraponerlas, de modo tal que la rentabilidad o la competitividad parecen contradecir el espíritu del sector público.

El tercer principio es que el Estado no debe administrar de forma directa la intervención financiera estatal, el gasto público, más que en aquellos casos en los que no hay otra solución posible.

Mientras no se respeten los tres principios que acabamos de enunciar, la izquierda seguirá debilitándose, asfixiada por un discurso sobre el Estado que, paradójicamente, termina por hacerlo responsable de todos los problemas de la economía y la sociedad.