Quitarían a militares la política aerocomercial

Política

Parte del Ministerio de Defensa se concentrará esta semana en encontrar la forma de recuperar un proyecto de ley considerado vital y que no fue aprobado a tiempo por el Congreso. Es el que termina definitivamente con la injerencia de la Fuerza Aérea en actividades de control y habilitación de la aviación civil. Se llega a este camino por una serie de presuntas irregularidades denunciadas por un inspector de vuelo y por presiones de los gremios aeronáuticos sobre una repartición del Comando de Regiones Aéreas: la Dirección de Habilitaciones.

Nilda Garré
nunca pensó que al inicio de su gestión tuviera que afrontar sospechas de corrupción sobre personal militar y miembros del ministerio en cuestiones vinculadas a las habilitaciones de los pilotos civiles. Pero tiene la respuesta institucional a mano: reflotará la creación de la Administración Federal de Aviación Civil.

Esas patentes autorizan a los pilotos a volar y los capacitan para, por ejemplo, tripular aviones comerciales cada vez más grandes o desempeñarse en actividades específicas, como la fumigación de campos. La Dirección de Habilitaciones que depende del Comando de Regiones Aéreas es hasta ahora la encargada de calificar y acreditar el número de horas de vuelo de cada piloto, necesario para acceder a patentes mayores. Y fue centro de una denuncia de presunta corrupción que terminó con el relevo «preventivo» de su titular, el comodoro mayor Juan Carlos Delgado, tal como reflejó un comunicado del Ministerio de Defensa. Aunque en ese texto se hace referencia a presuntas irregularidades administrativas.

Lo que no menciona la mínima prosa oficial es que el denunciante,un inspector contratadopor la propia Fuerza Aéreacon responsabilidad para tomar los exámenes a los pilotos civiles y firmarles la acreditación de las horas de vuelo, señaló una presunta connivencia de funcionarios de Defensa (no hizo nombres) con el piloto civil, que habría intentado rubricar horas de vuelo inexistentes, valiéndose de « contactos en defensa».

• Denunciante

Alejandro Cascante, de él se trata, radicó la denuncia ( causa Nº 17.069/05) ante el juzgado federal de Norberto Oyarbide. En síntesis, la denuncia habla de una presunta práctica corrupta entre pilotos y la estructura de la Dirección de Habilitaciones que facilitaría mediante un pago el acceso a patentes superiores con horas de vuelo no cumplidas. Y que habría asientos de esas horas en registros de aeronaves que están inoperantes.

El Comando de Regiones Aéreas siempre estuvo en la mira de los gremios aeronáuticos y de sectores del negocio aerocomercial
por la injerencia absoluta sobre todos los aspectos de la aeronavegación y porque sostiene sus gastos de funcionamiento y de personal con el ingreso por tasas de servicios aeronáuticos, como la de seguridad, la de protecciónal vuelo y la de apoyo al aterrizaje, que son incluidas en los costos de los pasajes de las compañías aéreas. Ahora, con el caso Cascante, quien elevó las denuncias: ante la Justicia federal y ante la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), se disparó la solución de crear una estructura de control a cargo de civiles y fuera de la tutela de la Fuerza Aérea. Quizás el brigadier Schiaffino lamente la pérdida de un área de su orgánica, pero no es ajeno a la decisión. Fue Schiaffino quien rescató al relevado Delgado, titular de la Dirección de Habilitaciones, del retiro seguro y lo promocionó a la jerarquía de «comodoro mayor», a pesar de que la Junta de Calificaciones de la fuerza no lo había seleccionado para el ascenso a brigadier. Esa instancia jerárquica es nueva en el escalafón militar. Fue creada por el entonces general Martín Balza, no figura en los reglamentos -en el Ejército se llama coronel mayor; y en la Armada, comodoro de Marina-y es el purgatorio, la última oportunidad que media entre acceder al grado inmediato superior o el traje de civil. Y es atribución del jefe de la fuerza hacia dónde vaya el péndulo. En paralelo con la causa que investiga Oyarbide, el titular de la fuerza, brigadier general Eduardo Schiaffino, había recibido un listado de 20 preguntas giradas por el ministerio para aclarar lo sucedido. El caso Cascante llegó a conocimiento de Schiaffino en diciembre pasado por la vía administrativa, claro, sin los condimentos de la denuncia -la presunta corrupción- que luego impulsó el inspector ante Oyarbide.

José Vásquez Ocampo
, secretario de Asuntos Militares, no tendrá más que desempolvar el proyecto de ley que elaboró su antecesor Jaime Garreta. En agosto de 2005, el ex ministro José Pampuro había anunciado el pasaje a la órbita civil de varias direcciones que dependen del Comando de Regiones, como la de habilitaciones (hoy sospechada en la Justicia), la de tráfico aéreo y la de inspecciones.

Esa división se haría por etapas para que, en un plazo máximo de cuatro años, la totalidad de las funciones fuese cubierta por civiles. Es más, hasta se había especulado con contar con la aprobación de la ley para que el presidente Kirchner comunicara la novedad el 20 de noviembre, en coincidencia con el Día de la Aviación Civil, algo que no ocurrió.

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