Rara represalia con proyecto pro aborto

El kirchnerismo de la Cámarade Diputados alteró ayer el sopor que atraviesa el Congreso en este año electoral para montar un acto a favor de la despenalización del aborto, tema que desvela al Episcopado de Jorge Bergoglio.

El Frente para la Victoria no sólo avaló la presentación de un proyecto de ley destinado a ampliar los casos autorizados por el Código Penal para interrumpir embarazos, también amagó con convocar a una consulta popular para que los ciudadanos se expresen sobre el tema, en una arenga que sonó a desafío político al cardenal Bergoglio, a quien la Casa Rosada señala como el jefe oculto de la oposición.

La iniciativa, presentada ayer en el Congreso por 250 organizaciones de mujeres, con motivo del Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, apunta a lograr que toda mujer pueda ejercer el derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional y que pueda concretar esa decisión gratuitamente a través de los servicios del sistema de salud. Hasta ahora, el artículo 86 del Código Penal establece que sólo está despenalizado el aborto terapéutico -es decir, cuando corre serio riesgo la vida de la madre-o la interrupción de los embarazos surgidos de violaciones a mujeres discapacitadas.

Comitiva

El grupo de 70 mujeres que entregó el proyecto en el Congreso estuvo acompañado por la funcionaria oficialista María José Lubertino, titular del INADI; la diputada kirchnerista Graciela Rosso y las ex legisladoras de izquierda Patricia Walsh y María Elena Barbagelatta. «Nuestro proyecto establece la despenalización del aborto salvo que se realice contra la voluntad de la mujer», dijo Nina Brugo, abogada de la coalición que agrupa a las 250 organizaciones.

Según informó Brugo, en la iniciativa se establece que «el plazo máximo para interrumpir el embarazo es de 12 semanas y sin límite de tiempo para casos de violaciones, peligro de salud o vida, o malformaciones fetales graves». El proyecto sostiene, además, que «la necesidad de una ley que garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se fundamenta en una razón de salud pública».

Más allá de las políticas sanitarias y de la posibilidad de reducir las muertes a través de una más amplia despenalización del aborto, el oficialismo siempre apeló a este tema como una ofensiva encubierta contra la cúpula del Episcopado, liderada por Bergoglio. Tanto que la semana pasada, luego de una dura crítica del arzobispo porteño a la gestión de Néstor Kirchner en materia social -el purpurado denunció la existencia de una «inequidad escandalosa», ante obispos de todo el mundo reunidos por el CELAM en Brasil-, la Cámara baja reunió a la Comisión de Salud para unificar una veintena de proyectos abortistas presentados por legisladores kirchneristas y del socialismo, encabezados por Juliana Marino y Silvia Ausburger, respectivamente.

Pero la verdadera alarma episcopal la encendió ayer la senadora kirchnerista Silvia Gallego, quien reclamó que la sociedad debata y se expida a través de un referéndum. «No he visto el proyecto que se enviará al Congreso Nacional por el tema del aborto, pero creo que éste no es el mejor momento para hablar del tema, fundamentalmente porque hay una fuerte confrontación con la Iglesia y tomar una decisión del tema hoy, con este clima, constituye un acto de irresponsabilidad», declaró la senadora.

«Simplemente tomar una decisión sobre el aborto, ante una confrontación tal con la Iglesia, es poner más leña al fuego; por eso creemos que esto se debe resolver con una gran consulta a la población, a través de un referéndum», agregó.