Razonable: eliminarán capitalización forzosa sobre la "ley Clarín"

Es tan previsible y dañina para el país la ley del monopolio "Clarín" (reforma a la Ley de Quiebras, a tratarse hoy en el Congreso) que organismos como la Unión Europea y otros de los Estados Unidos advirtieron que si se aprueba este proyecto no sólo se irá del país más de un banco sino que además se vuelve remota la posibilidad de recuperar el crédito para la Argentina. Como es obvio, esta ley ordenada por Eduardo Duhalde -luego de una transacción con Héctor Magnetto-apunta a resolver las deudas financieras de "Clarín" contraídas cuando el grupo pretendía expandirse y apuntalar su posición monopólica en sectores de prensa. Las características del proyecto original, al que se sumaron otros conspicuos quebrados o en vías de serlo, supone un jubileo tan interesado que horrorizó a la Unión Europea y generó otros reclamos que ingresaron a la embajada argentina en Washington. Hasta la gente del FMI advirtió: no enviaremos fondos al país para que se los consuma con exclusividad un grupo de elegidos, como en la Rusia del '98. En las últimas horas, el ministro Jorge Remes Lenicov se notificó de estas advertencias y pidió algunos cambios al proyecto, aunque él no ignoraba el nocivo fundamento que lo contenía (él asistió a la cumbre Duhalde-Magnetto). Hoy se sabrá el grado de subordinación que el Parlamento y el gobierno tienen con el monopolio "Clarín". Ya no es sólo la voz de este diario la que objeta esa pretensión hegemónica. Cuesta entender la facilidad del gobierno por resolver este problema a un grupo poderoso, interviniendo en contratos privados e interfiriendo en la propiedad privada, mientras dilata y posterga el drama de una multitud de ahorristas. Por otra parte, si por hacer estatismo, Duhalde les concediera el jubileo de 6 mil millones de dólares no a unos pocos influyentes sino -por ejemplo-a los miles de productores agropecuarios endeudados, con seguridad podría aumentar la producción, también las exportaciones y hasta recuperar el dinero para devolverlo a sus originales prestadores. Con el otro método, simplemente hará lo que dejó en el Banco Provincia su pasada administración: un desfondo.

No se tiene memoria de que una iniciativa legislativa haya provocado una reacción inter-nacional en su contra como la que produjo ayer la modificación a la Ley de Quiebras que se preparaba a aprobar el Senado para hoy. La Unión Europea (cuyo consejo de ministros de Finanzas sesionó ayer), el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos hicieron conocer ayer una advertencia negativa frente a la posibilidad de que se obligue a los acreedores a capitalizar las deudas de las empresas argentinas.

Esa posibilidad estaba cifrada en la modificación al artículo 48 de la Ley N° 24.522, de Concursos y Quiebras. Allí se prescribía:

• que «el juez del concurso impondrá» la capitalización sugerida por el deudor;

• que el valor de la empresa se calcularía como el mayor entre tres posibles: el patrimonial, el del flujo de caja y el de la última transacción realizada sobre acciones;

• que las acciones que se emitan para esa capitalización no serán nominativas ni preferenciales, sino «preferidas», esto es, que serán tomadas como preferenciales para el cálculo de dividendos, pero no darán derecho a voto;

• que «en caso de venta o transferencia del control societario, los titulares de las acciones ordinarias o cuotas transferidas estarán obligados a incluir en la operación de compraventa la totalidad de las acciones preferidas y/o cuotas que acepten a ser vendidas a la misma relación de precio que las ordinarias».

Lógica

De la combinación de estas disposiciones hubiera devenido un sistema que es el que el clamor internacional de ayer pretendió evitar y logró, por lo menos, postergar. Ese sistema consiste en imponer una lógica, según la cual, al cabo de 180 días de discusión, los acreedores (en general, bancos) no pueden resarcirse de otro modo por sus préstamos que convirtiéndose en socios de empresas de manera compulsiva. Esto significa, sin la posibilidad de rechazar ese destino y sin tener la chance de conducir la compañía ni de siquiera votar en su directorio.

La historia de esta ley es conocida: la promovieron, subrepticiamente, los diputados Miguel Angel Toma y Oscar Lamberto, en la Cámara de Diputados, con la excusa de proteger a los inundados de Santa Fe y de Buenos Aires. El motor visible de la iniciativa fue José Luis Manzano, quien se movió en una y otra cámara como si fuera presidente de los bloques, hasta el punto de conseguir que José Luis Gioja, el jefe de la bancada senatorial del PJ, olvidara las banderas éticas que había levantado para destronar a Augusto Alasino y se convirtiera en escolta de Manzano para «lobbiar» a Eduardo Duhalde.

Otros actores de la vida empresarial también pidieron por el jubileo. El más notorio fue Jorge Aguado, encargado de las relaciones corporativas del grupo Macri. Pero también remó en favor de esta reforma alguien que amenaza con convertirse en uno de los padres fundadores del «nuevo mode-lo» inaugurado por Eduardo Duhalde, el papelero Héctor Massuh (en la década del '90 fue padre del otro modelo, el de la convertibilidad, a la que fortaleció hasta desde el punto de vista inmobiliario, como se recuerda en la Justicia; también, antes, había propiciado el no pago de deudas en un intento previo a lo que fue luego el plan BONEX).

Sin embargo, ninguno de ellos consiguió lo que el verdadero mentor de la ley: Héctor Magnetto; el mandamás del monopolio «Clarín» le arrancó a Eduardo Duhalde un compromiso explícito y casi sumiso de producir la regalía. Por eso, resultó interesante lo que ocurrió ayer: por primera vez de manera terminante, el presidente designado fue sometido a la contradicción entre un compromiso faccioso y doméstico y la lógica de un sistema internacional que califica con mala nota a un país cuyo Parlamento toma decisiones como las que se preparaba a adoptar el argentino, es decir, revoca compromisos, cambia reglas de juego, limita el derecho de propiedad e induce a que los sectores público y privado se vean impedidos en el futuro de captar di-nero por vía de crédito.

Consecuencias

Estas fueron las consecuencias que advirtieron ayer la Unión Europea a través de su Consejo de Ministros, que no casualmente preside el canciller de uno de los países más castigados por la nueva política impuesta por Duhalde: Josep Piqué, ministro de Relaciones Exteriores de España. Rodrigo Rato, ministro de Finanzas del mismo país, promovió también ese pronunciamiento en la reunión de sus colegas europeos.

También el Fondo Monetario Internacional encendió una luz de alarma por el avance de la «ley Clarín» y envió un memorándum a la representación argentina adelantando que las nuevas disposiciones complicarían aún más el acceso del país a la ayuda externa que viene reclamando el gobierno.

Desde el Departamento de Estado, también se emitió una advertencia, esta vez a la Cancillería que conduce Carlos Ruckauf, quien, cuando gestionó para sí, en Chapadmalal, una quimérica Jefatura de Gabinete del gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, hizo también un pedido en favor del monopolio.

Las consecuencias de este reclamo internacional se conocerán hoy. Por lo pronto, Remes se comunicó con Gioja y con Raúl Baglini (quien se había manifestado en contra de la capitalización compulsiva) para que posterguen por 180 días el tratamiento de esa cláusula. A lo sumo, aprobarán hoy una reforma a la Ley de Quiebras limitada a extender a 6 meses el período en el cual el deudor puede ofrecer alternativas de pago o compensación a su acreedor (lapso que, en la versión actual de la norma, se limita a 30 días).

En cuanto al monopolio, Magnetto deberá contentarse con que se anule una de las posibilidades que contemplan los concursos, el mecanismo del «cram down», por el cual el deudor y su acreedor pueden determinar que la compañía pase a ser administrada por un tercero. Limitadas sus pretensiones, «Clarín» se conformaría con quedar excluido de esa alternativa. Ese era su objetivo de mínima.