Reabrió el Congreso para utópico acuerdo de tránsito

La convivencia legislativa tiene un tono muy distinto a la gresca cotidiana de los políticos en la calle. En la sesión del Senado de ayer aplaudieron a Carlos Menem cuando izó la bandera, se mostró renovada -irreconocible- Chiche Duhalde e interactuaron en paz Ernesto Sanz y Miguel Pichetto.

El Senado avanzó ayer en la implementación de un sistema de control de tránsito monopolizado por el poder central. Por unanimidad, y con menos de una hora de debate, la Cámara alta aprobó ayer el Convenio Federal suscripto entre la Nación y las provincias sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial. Pero como falta que se adhieran las provincias de San Luis, Salta y Neuquén, la votación de la ley que reglamenta ese acuerdo pasó para el miércoles 27.

Así, Cristina de Kirchner deberá esperar hasta marzo para que la ley sea sancionada por el Congreso ya que tras su aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados recién podrá debatirla en las sesiones ordinarias de 2008 que comienzan el 1 del mes que viene.

Pero ése es sólo el comienzo del plan de seguridad de Cristina de Kirchner. Para que pueda ponerse en marcha antes deben notificar a las legislaturas de todas las provincias. Así, nadie puede pronosticar cuándo estará operativa. La Presidente había montado un acto con gobernadores y legisladores nacionales para publicitar su voluntad de que el tema de los accidentes de tránsito sea tratado con urgencia en el Parlamento. Y, aunque amplió especialmente con ese fin el temario de sesiones extraordinarias, ahora deberá esperar hasta marzo. El convenio, suscripto el 15 de agosto de 2007 entre el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos, no había sido firmado por los entonces gobernadores de Neuquén, Jorge Sobisch; el de Salta, Juan Carlos Romero; y el todavía mandatario puntano Alberto Rodríguez Saá, todos temerosos de ver afectadas sus competencias. Sin embargo, el martes pasado en una reunión de comisión, Adolfo Rodríguez Saá y el resto de los distritos rebeldes le confirmaron al ministro del Interior, Florencio Randazzo, que se sumarían al proyecto.

El objetivo del convenio es «establecer mecanismos que garanticen la aplicación de criterios unívocos», respecto de la emisión de licencias de conducir, de controles en las rutas, de registros de accidentes viales y de penalización por acciones imprudentes.

Modificaciones

El resto del proyecto, que será discutido en comisión durante la próxima semana y recién será llevado al recinto en la sesión del 27 de febrero, establece una serie de modificaciones a la Ley de Tránsito. Crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial para coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio de la Nación y el Registro Nacional de Licencias de Conducir que será el que expida las autorizaciones para manejar vehículos en todo el territorio. Además, crea el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial, el Observatorio de Seguridad Vial y transfiere el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que, a su vez, pasará a depender del Ministerio del Interior como un organismo descentralizado.

Ayer en el debate en el Senado, algunos legisladores oficialistas consideraron incluso insuficiente el proyecto de ley enviado por Cristina de Kirchner para frenar las más de seis mil muertes por año en accidentes de tránsito. «No existe un proyecto de ley que infunda en el ser humano respeto por la vida y el sentido común. Esta expectativa quiero cortarla en función de que por ahí se generan más expectativas de las que son posibles cumplir. El sentido común no lo vamos a poder imponer por ley», se lamentó en el recinto el kirchnerista Fabián Ríos, presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El senador por Santa Cruz, Alfredo Martínez (UCR), aseguró que su bloque le dará «respaldo a la decisión de que esto sea una política de Estado y que derive en una modificación cultural».

El vecinalista cordobés Carlos Rossi enumeró que en la actualidad «nos encontramos con que hay muchos conductores que tienen carnet y ni siquiera fueron a la oficina», pero aclaró que «hoy, con las leyes que hay, se podría estar mejor si se las cumpliera». El porteño de la Coalición Cívica, Samuel Cabanchik, dijo que celebraba «que finalmente se haya tomado con seriedad este tema».