Rechazó la Iglesia proyecto oficial de contraconcepción

Jorge Bergoglio

«Genocidio», «degradación», « solución radical», «práctica absolutamente objetable», «mutilación», son sólo algunas de las expresiones con las que la Iglesia católica se refirió a un proyecto de ley impulsado por el oficialismo para obligar a los hospitales públicos y privados a realizar ligaduras de trompas y vasectomías de manera gratuita.

La Conferencia Episcopal Argentina, que preside el cardenal Jorge Bergoglio, realizó ayer una de las críticas más crudas a la política legislativa del gobierno a través de un comunicado del Secretariado Nacional para la Familia, de la Comisión Episcopal de Apostolado Laico y Pastoral Familiar, que preside el obispo de Posadas, Rubén Martínez.

El proyecto fue elaborado sobre la base a una serie de iniciativas presentadas por las diputadas Juliana Marino y Graciela Gutiérrez (Frente para la Victoria); María del Carmen Rico (Peronista Federal); Marcela Rodríguez (ARI); y la ex diputada del socialismo, María Elena Barbagelata. De acuerdo con la propuesta, y antes de ser sometida a esas prácticas, la persona debe dar su «consentimiento informado», y no necesitarán de un permiso judicial ni esgrimir razones médicas siempre y cuando sea mayor de edad y pueda comprender los alcances de la cirugía. El proyecto establece que la autorización judicial es «requisito ineludible» cuando se tratare de una persona menor de edad o declarada judicialmente incapaz, debiendo ésta ser oída e informada en el proceso de decisión en el que son parte sus representantes legales.

También, la norma dispone que las intervenciones «deben ser realizadas sin cargo» para quien lo requiera «en los establecimientos del sistema público de salud» y establece que las obras sociales y de medicina prepaga «tienenla obligación de incorporar estas intervenciones médicas a su cobertura».

En general, esta práctica anticonceptiva es solicitada por mujeres que ya tienen muchos hijos o que padecen alguna enfermedad y por recomendación médica no deben quedar embarazadas porque pondrían en riesgo sus propias vidas.

La iniciativa es rechazada por un grupo de legisladores de la UCR -encabezados por el diputado y cirujano santacruceño Juan Acuña Kunz-, el bloque macrista de Propuesta Federal (PRO) -con la excepción de los neuquinos del MPN- y del Partido Unidad Federalista de Luis Patti, entre otros.

Planteo

Para la Iglesia, el proyecto no contó con la debida discusión en las comisiones correspondientes, y no se permitió a todas las expresiones del arco ciudadano dar su opinión sobre el mismo. Más allá de sus convicciones religiosas, las autoridades eclesiásticas plantean una interesante colisión de normas jurídicas: el artículo 91 del Código Penal vigente, prevé penas de 3 a 10 años a quienes causaren una lesión que «produjere ... la pérdida ... de la capacidad de engendrar o concebir». Y el proyecto, que no deroga tal disposición, mantiene la vigencia de ese delito en la República Argentina -tipificado además en una norma de mayor jerarquía que una ley-.

Acuña Kunz, coincide con la Conferencia Episcopal en que al obligarse a los hospitales públicos y privados a practicar esta intervención, no se admite la objeción de conciencia de estas instituciones. «¿ Podría forzarse entonces a la clínica La Sagrada Familia o al Mater Dei a realizar estas operaciones?», razona el legislador radical.

Restricciones

El proyecto, se quejan los religiosos, no prevé la realización de las intervenciones quirúrgicas, necesarias para restablecer la fertilidad, ni tampoco las financiará. Esto restringe la posibilidad de que una persona pueda recuperar su capacidad de procreación en caso que así lo requiera o que quien haya sido mutilado siendo menor, pretenda recuperar su capacidad de procrear al alcanzar la mayoría de edad.

«No está de más recordar que con una ley mucho menos permisiva, Alberto Fujimori, durante su gestión como presidente del Perú, hizo esterilizar a 360.000 peruanos -en su mayoría mujeres indígenas analfabetas-, por lo que enfrenta una demanda constitucional por genocidio en dicho país hermano», fue una de las críticas más duras del documento del Secretariado Nacional para la Familia de la Comisión Episcopal de Apostolado Laico y Pastoral Familiar.

«Creemos sinceramente que este tipo de 'soluciones' radicales nos degradan en nuestra condición de personas y de sociedad civilizada», concluyó el organismo religioso que también integra Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú.