Rechazo a nuevos contratos para basura de la Capital

Mauricio Macri, Daniel Scioli y Horacio Rodríguez Larreta, durante el acuerdo para que la Ciudad de Buenos Aires aporte más por la disposición de su basura en la provincia. Ahora Macri busca aprobar más presupuesto para el servicio y nuevo sistema.

El macrismo se prepara para defender mañana la licitación más importante en monto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como es la renovación de los contratos de recolección de residuos domiciliarios que para el año próximo representará cerca de 10% del Presupuesto porteño. La oposición ya comenzó a puntear los aspectos del proyecto con los que no coincide y hasta dos ex ibarristas -por fuera de la Legislatura- presentaron un amparo judicial para oponerse a la ley. A eso se agrega que una ONG y el ibarrismo exigen a Mauricio Macri que realice una audiciencia pública para que los vecinos opinen sobre el tema.

El proyecto lo defenderá mañana el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, en la comisión que preside el peronista-macrista Cristian Ritondo, quien agudiza los argumentos para lograr que el bloque PRO sume aliados y poder sancionar la ley que permitirá licitar el servicio.

Ritondo ya explicó que la renovación de la concesión no es un tema que exige de la realización de una convocatoria de vecinos, pero desde el bloque de Aníbal Ibarra, el legislador Eduardo Epsztein está empecinado en rechazar la nueva protesta. Es que ese diputado era el ministro encargado del tema, durante la gestión de Ibarra, cuando el servicio comenzó a pagarse «por zona limpia» y no por kilos de basura levantada.

Macri quiere regresar a ese sistema y que las empresas cobren de acuerdo con el peso de los residuos. Pero muchos legisladores recuerdan que, cuando la Ciudad pagaba por tonelaje, fueron descubiertas diferentes picardías para aumentar los montos, como mojar la basura, por ejemplo. A esa duda agregan que «uno de los elementos que más agua absorben son los cartones» y, como las organizaciones ecologistas sostienen que entonces Piccardo no daría lugar a la Ley de Basura Cero, que en el Gobierno de Macri consideran que es de difícil cumplimiento. Esa norma impone el reciclado de residuos, especialmente papeles y cartones que deben ser llevados a los llamados centros verdes donde cooperativas de cartoneros se ocupan de la clasificación y la venta. Sin embargo, el Gobierno porteño comprobó que los vecinos no respetan la separación en los barrios donde hay contenedores especiales para esos elementos y retiraría esos cestos.

Otro punto que les cuestionan a los nuevos contratos es que, en lugar de extenderse por cuatro años, Macri quiere que se hagan por 10, con la idea de ser más atractivos para utilizar tecnologías más modernas si el negocio es a un plazo más largo.

Menos zonas

Otra modificación que está en la mira de los bloques opositores al macrismo es la reducción de zonas. Actualmente, son cinco las empresas privadas que brindan el servicio, más una zona que siempre está reservada para la propia Ciudad y es el blanco de las quejas en los barrios de Mataderos y Villa Lugano. Los empleados municipales aducen que carecen de los elementos necesarios y además que los recolectores privados, por los convenios salariales que pacta Hugo Moyano, están mejor pagos que los estatales porteño.

Esa zona quedaría como está, a pesar de las demandas y hasta de una decisión judicial que obliga al Gobierno porteño a que en esos barrios el servicio sea tan eficiente como en el resto. Pero las cinco empresas privadas se reducirán a tres, de acuerdo con el proyecto macrista. Las actuales firman que se ocupen de la higiene urbana son AESA (empresa española) en la zona de Palermo, Belgrano y Chacarita; Urbasur (UTE de Trasnportes Olivos y Ashira) en la zona sur y centro del distrito; Nittida (ex Ecohábitat, Grupo Emepa del radical Gabriel Romero) que abarca los barrios de Flores y Villa Devoto, entre otros; Integra (Pescarmona y Martín y Martín) y Cliba (Roggio) para el resto de la Ciudad, excepto la zona municipal.

Además, los legisladores del kirchnerismo refutan que la distribución de las tres zonas para dar en concesión del servicio no tomaron en cuenta los límites de las comunas en que se dividió la Ciudad, que si bien son 15, podrían reagruparse de acuerdo con el mapa que se aplicará cuando se formalice la descentralización. Con un contrato a diez años, además, creen que se privará a las futuras juntas comunales, que se votarían el año que viene, de elegir el servicio para la zona en la que tendrán injerencia.

Esas, y otras cuestiones, piensan discutirle hoy los diputados del kirchnerismo, de la Coalición Cívica y del ibarrismo al ministro Piccardo en la comisión, durante un debate que piensa coordinar Ritondo, sumándose a respaldar el proyecto del jefe de Gobierno. Como adicional, pedirán explicaciones sobre un dinero extra que quiere Macri este año para las empresas recolectoras.