Esta semana hubo una de cal y otra de arena para la reforma política en las provincias. Mientras el PJ y la Alianza misioneros manifestaron ayer su voluntad de reducir de 40 a 30 el número de diputados de la Legislatura provincial, la poda en Tucumán se empantanó luego de que un miembro de la Corte propiciara la investigación de la presunta compra de votos en la Legislatura provincial para que se apruebe la convocatoria a la reforma constitucional.
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En Misiones, el gobernante justicialismo y la Alianza comenzaron a coincidir en algunos aspectos de la Ley de Reforma Política, aunque las posturas, respecto del tema de los Concejos Deliberantes, aún están muy alejadas.
El presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, Luis Viana, adelantó ayer la intención de sancionar ambas leyes antes de la primera semana del mes de mayo.
Viana reveló que con la reducción de diputados y concejales, la provincia ahorrará unos 4 millones de pesos anuales, que se destinarán a un Fondo Rural, cuyo proyecto ingresó a la Cámara junto a la de reforma política.
En tanto, el ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Luis de Mitri, sugirió al Alto Tribunal que respalde la investigación del juez Víctor Pérez por la presunta compra de votos en la Legislatura para convocar a la reforma de la Carta Magna.
El magistrado emitió dos dictámenes ante la negativa del vicegobernador Sisto Terán de remitirle al juez las declaraciones juradas de bienes y un informe sobre las remuneraciones percibidas -por todo concepto desde 1999- por los 27 legisladores que apoyaron la reforma en febrero pasado.
«La investigación resulta necesariamente el paso previo para que el juez considere si hay lugar para la formación de una causa en materia penal contra los legisladores. El magistrado está habilitado para ordenar pruebas, entre ellas requerir la información solicitada», argumentó De Mitri.
En el dictamen, que no es vinculante para los cinco miembros de la Corte, el ministro fiscal refutó a Terán al sostener que «la actuación del magistrado se encuadra en la normativa del Código Procesal Penal local, sin que se haya soslayado texto constitucional alguno».
La Corte Suprema se expediría hoy ante el pedido de Pérez de que tome cartas en el asunto y le exija a la Legislatura que entregue la documentación solicitada para poder avanzar en la investigación abierta a raíz de una denuncia realizada por el diputado nacional Ricardo Bussi (FR).
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