Refuerzan el control de venta de armas al exterior

Aníbal Fernández.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, propuso ayer que el Registro Nacional de Armas (RENAR) se encargue del control de "cualquier movimiento de armas", a partir del supuesto caso de venta irregular en torno a un cargamento destinado a los Estados Unidos, que está siendo investigado por la Justicia.

Fernández anunció su decisión en medio de la investigación de ese hecho, en torno al cual la propia ministra de Defensa, Nilda Garré, admitió que "hubo una inexplicable subfacturación".

Consultado sobre si su propuesta fue elevada al presidente Néstor Kirchner, el ministro dijo que no era así, en medio de versiones que indicaron que el jefe de Estado tenía previsto firmar un decreto para disponer que el RENAR controle los movimientos de armamentos.

En ese sentido, Fernández dijo que el borrador del decreto "no lo hemos hecho nosotros", e insistió: "La idea es que cualquier movimiento de armas que se haga tiene que ser conocido por el Registro Nacional de Armas".

De inmediato, insistió: "Queremos que antes de que se exporte cualquier cosa sea controlado por el RENAR", y de inmediato enfatizó que "cualquier venta que se tenga que hacer, no pueda salir de nuestro país sin un análisis formal del armamento que se toque".

Fernández, al ser consultado sobre la figura que podrá tener una medida en ese sentido, respondió: "no sé cómo se va a resolver, no lo he hablado con el Presidente".

De todos modos, aclaró que el tema lo habló con el interventor en la Dirección de Fabricaciones Militares, Arturo Puricelli, quien según explicó el ministro "está de acuerdo con nosotros", como así también la Aduana.

Fernández se refirió al tema de la venta de armas durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, donde anunció la puesta en marcha del Comité Asesor de Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja.

El ministro dio a conocer una nueva instancia sobre la transacción realizada en febrero pasado, donde la Aduana secuestró 6.700 kilogramos de fusiles automáticos, caso que está siendo investigado por el juez Penal Económico Guillermo Tiscornia.