Regalo

La prórroga de la Ley de Emergencia Pública le sirvió al gobierno para, además de conseguir superpoderes, deslizar un párrafo (picardía legislativa clásica que siempre cobra alguien) en favor de empresas especiales concursadas, como es el caso -cuándo no- de firmas del grupo «Clarín». Tendrán -si Kirchner no lo veta- rebaja a la mitad en las tasas de justicia y 10 años de plazo para pagarlas, sin mencionar actualización. O sea que será un nuevo regalo para «Clarín» y otras empresas. Solucionan así uno de los costos más altos de los procesos de concursos, que muchas otras empresas deben seguir pagando porque no son especiales al no haber estado en el proyecto derogado de ley de quiebras (que también inventó «Clarín») y que tuvo que cambiarse con Duhalde por la reacción internacional.

Termina el año en el Congreso y no podía faltar una de las clásicas picardías que el Estado suele sacar de la nada para beneficiar a algún grupo. En este caso, vuelven a ser los multimedios de comunicación y algunas de las empresas más grandes de la Argentina que se encuentran en concurso preventivo, en muchos casos, para evadir el pago de sus deudas aprovechando la excusa de la devaluación.

Los senadores incorporaron en el primer artículo del proyecto de prórroga a la Ley de Emergencia Pública una reducción de la tasa de Justicia que deben pagar esas empresas concursadas a 0,75% -la mitad de lo que hoy deberían pagar y a 0,25% para el caso de llegar a un acuerdo extrajudicial. Ese es uno de los costos más altos que deben afrontar las empresas que quieren salir de un concurso. Alcanza a todas las que fueron beneficiadas por las últimas reformas a la Ley de Quiebras, las que flexibilizaron las condiciones del «cram down» o las que protegieron a las industrias de «bienes culturales» para que los acreedores extranjeros no pudieran tomar el control para cobrarse sus préstamos impagos, como son los casos de «Canal 13» o Multicanal, empresas del Grupo «Clarín».

Todas fueron rechazadas por el FMI, y Eduardo Duhalde debió aceptar cambios en su momento.

Por si les faltaba otra ayuda, ese mismo artículo establece que la AFIP deberá darles un plazo de 10 años para pagar esas tasas judiciales.